COLOMBIA, 9 de julio de 2026. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aplazó la audiencia prevista para el 9 de julio, en la que se definiría la situación jurídica de la senadora Martha Peralta, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La congresista está siendo investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La solicitud de aplazamiento fue presentada por el magistrado Francisco Farfán, quien consideró necesario que la Sala realice un estudio integral y detallado del expediente. Esta petición se fundamenta en el envío de los cuadernos del caso, elaborados por la magistrada Cristina Lombana, responsable de la investigación contra la senadora. El aplazamiento busca asegurar un análisis completo por parte de todos los integrantes de la Sala de Instrucción.
La ponencia de la magistrada Lombana busca establecer si Martha Peralta debe continuar vinculada al proceso penal en libertad o si procede imponerle una medida de aseguramiento preventiva. En caso de que la Sala respalde la ponencia, la senadora seguirá el proceso sin detención; de lo contrario, el alto tribunal podría ordenar una medida restrictiva de libertad mientras avanza la investigación.
Entre los hechos investigados se encuentra una orden de proveeduría emitida el 25 de octubre de 2023, por más de 2.170 millones de pesos, para la contratación de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha, La Guajira. Esta orden forma parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en la contratación pública perpetradas desde la Ungrd.
El proceso busca determinar si la senadora Martha Peralta participó en un esquema ilícito orientado a direccionar contratos y gestionar proyectos públicos a cambio de obtener apoyos políticos en el Congreso. La Fiscalía General de la Nación ha señalado a la congresista como una de las presuntas articuladoras de dicho esquema.
La investigación también examina un presunto acuerdo político suscrito en junio de 2023 entre la senadora y el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, vinculado con la gestión política y la asignación de proyectos institucionales para favorecer respaldos legislativos. Según la hipótesis, Peralta habría coordinado un plan para asegurar votos en la Comisión Séptima del Senado prometiendo impulsar iniciativas para determinadas regiones.
En el marco de este caso, la defensa de la senadora ha presentado cambios. El abogado Luis Henry Montes renunció a su representación por discrepancias estratégicas, situación que obliga a Peralta a designar un nuevo defensor para continuar con el proceso judicial. Hasta el momento, han sido rechazadas acciones legales como habeas corpus y tutela que buscaban frenar la imputación.
Este caso conforma una investigación más amplia desarrollada por la Corte Suprema que involucra a exfuncionarios gubernamentales y otras figuras políticas vinculadas a presuntos esquemas de corrupción para el direccionamiento de recursos públicos. La decisión final sobre si Peralta debe ser objeto de medida de aseguramiento quedará a criterio de la Sala de Instrucción, conforme a los resultados del análisis que están realizando los magistrados.
Redacción ColombiaPrensa
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