COLOMBIA, 16 de julio de 2026. El ex candidato al Senado y activista anticorrupción Fernando Basto presentó un análisis crítico del desempeño del Congreso en funciones entre 2022 y 2026 en materia de lucha contra la corrupción. En su texto titulado “¿Vago, mediocre o cómplice? El Congreso que dejó intactas las grandes puertas de la corrupción”, publicado en su página oficial, Basto evalúa los avances y limitaciones legislativas que evidencian las dificultades para promover cambios estructurales en el sistema colombiano.
El estudio se basa en la revisión de las leyes aprobadas, proyectos presentados y sancionados, así como reportes elaborados por entidades como Transparencia por Colombia. Durante el cuatrienio se radicaron 785 proyectos de ley para el periodo 2023-2024 y, según el informe de Transparencia por Colombia, sólo un 7,1 % involucraba temas relacionados con la corrupción. Sin embargo, de estos, sólo una fracción avanzó en el trámite legislativo y menos aún logró convertirse en ley vigente.
El análisis destaca que si bien hubo iniciativas orientadas a mejorar la transparencia, el acceso a la información y el control fiscal, no se promulgó una gran reforma anticorrupción impulsada por el Congreso que modificara sustancialmente las reglas de prevención, investigación y sanción. Por ejemplo, algunas leyes relevantes para este propósito fueron de origen gubernamental o surgieron de compromisos internacionales, como la Ley 2273 de 2022 que aprobó el Acuerdo de Escazú y fortaleció la participación ciudadana en asuntos ambientales, o la Ley 2294 de 2023 que, a través del Plan Nacional de Desarrollo, ordenó la formulación de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, con ejecución delegada al Ejecutivo.
Entre los proyectos con potencial transformador, la denominada Ley Jorge Pizano, enfocada en mecanismos para proteger a los denunciantes de corrupción, fue archivada pese a haber avanzado en dos debates. Esta iniciativa reflejaba una de las mayores deudas del país, dado que la protección efectiva a quienes revelan actos de corrupción sigue siendo limitada y expone a riesgos laborales y de seguridad. Basto subraya que el archivo de esta ley manifiesta la débil voluntad política para impulsar reformas estructurales.
Asimismo, señala que no se logró regular de manera integral el cabildeo ni transformar la financiación de campañas políticas, lo que deja abiertas importantes puertas para la influencia oscura y beneficios partidistas. La falta de control sobre fondos públicos con altos niveles de discrecionalidad evidenciada en escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tampoco llevó a reformas profundas que garanticen trazabilidad y transparencia en el uso de recursos.
Un proyecto estatutario que avanzó y fue respaldado en gran parte por la Corte Constitucional buscaba establecer la obligación de congresistas y otros funcionarios públicos de rendir cuentas sobre su gestión. Sin embargo, a la fecha del análisis no se había completado el proceso para que la norma quedara sancionada y plenamente vigente, dejando sin cerrar incluso este mecanismo de transparencia interna.
Fernando Basto concluye que, aunque no todos los congresistas son responsables directos de corrupción, el Congreso debe evaluarse por sus resultados colectivos. Durante el periodo 2022-2026, no se concretaron reformas estructurales capaces de modificar las dinámicas que permiten la reproducción de la corrupción en Colombia, y los avances alcanzados fueron parciales y sectorizados, generalmente resultado de iniciativas externas al Legislativo.
Finalmente, el análisis advierte que el nuevo Congreso debe asumir con mayor responsabilidad la lucha contra la corrupción, más allá de discursos y anuncios. Priorizar la aprobación, reglamentación e implementación de reformas como la protección integral a denunciantes, la regulación del lobby, la transparencia en la financiación política, el control riguroso de fondos públicos y el uso de tecnología para detectar irregularidades será fundamental para generar herramientas efectivas que protejan el dinero público.
El balance de Fernando Basto recomienda no otorgar un cheque en blanco a la nueva legislatura y demanda un compromiso real con reformas que cierren las puertas de la corrupción, evitando que se perpetúen intereses políticos que se benefician del mantenimiento del status quo.
Redacción ColombiaPrensa
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