COLOMBIA, 22 de julio de 2026. Iván Cancino, designado ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo De La Espriella, presentó su visión para la modernización y transformación del sistema carcelario en Colombia. Enfatizó la necesidad de abordar las problemáticas de hacinamiento y las condiciones obsoletas que caracterizan las cárceles del país, planteando la construcción de “megacárceles” de máxima y mediana seguridad, y la implementación de políticas firmes dirigidas a los grandes delincuentes.
El ministro Cancino afirmó que las megacárceles estarán diseñadas para proporcionar un tratamiento diferenciado según el nivel de peligrosidad de los internos, buscando evitar que continúen actividades delictivas sin vulnerar derechos fundamentales. Subrayó que estas nuevas infraestructuras ofrecerán mayor espacio y dignidad para los reclusos, contribuyendo a mitigar el hacinamiento que afecta el sistema penitenciario.
Además, destacó la relevancia de modernizar las cárceles ya existentes, cuyas edificaciones presentan una estructura vetusta que, según análisis previos, requiere mejoras urgentes no solo en infraestructura sino también para disminuir la corrupción asociada al sistema. Esta modernización implica la incorporación de tecnologías como automatización, cámaras de vigilancia y digitalización de medidas preventivas y de seguridad, con el propósito de reducir el contacto directo entre los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los reclusos.
En materia financiera, Cancino informó que el gobierno pretende financiar estas obras y mejoras mediante inversiones provenientes de organismos multilaterales, procurando hacerlo sin incrementar la deuda pública. Esta estrategia está alineada con los objetivos planteados por el presidente electo Abelardo De La Espriella sobre la recuperación integral del sistema carcelario.
Con respecto a la población reclusa, el ministro insistió en fortalecer los programas de resocialización y reinserción social para hacerlos más productivos. Precisó que algunos internos ya participan en actividades como la confección de uniformes, señalando que mientras se aplicará mano dura a los grandes delincuentes, los programas de resocialización tendrán un papel central para facilitar la reinserción de quienes cumplen sus penas.
Según cifras del INPEC actualizadas a 2025, en Colombia hay 125 establecimientos penitenciarios con una población superior a las 104.000 personas privadas de la libertad, incluidas más de 6.000 mujeres. La legislación nacional, a través del Código Penitenciario y Carcelario, establece el trabajo penitenciario como un medio terapéutico que contribuye a la resocialización. El trabajo puede clasificarse en tres modalidades: directo, indirecto e independiente, todas reguladas por el Ministerio de Trabajo para garantizar condiciones laborales adecuadas y el respeto de derechos.
El gobierno de Cancino también trabaja en la actualización de normativas laborales para los reclusos, proponiendo incrementos salariales acordes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y respetando el salario mínimo legal vigente. Estos avances son parte integral de la estrategia para transformar el sistema penitenciario con un mayor enfoque en la dignidad, seguridad y reinserción social dentro del marco legal vigente.
Esta ambiciosa agenda refleja un compromiso explícito por mejorar los centros de reclusión y enfrentar los problemas estructurales que afectan a las cárceles colombianas, bajo una política de gestión pública que pretende equilibrar firmeza con derechos humanos y eficiencia administrativa.
Redacción ColombiaPrensa
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