COLOMBIA, 30 de julio de 2026. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación tras el fallo del Consejo de Estado que suspendió el traslado anticipado de recursos destinados a la preparación para el fenómeno climático de El Niño, previsto entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 en Colombia.
El mandatario advirtió que esta decisión judicial pone en riesgo la capacidad del Estado para adelantar las obras preventivas necesarias que buscan garantizar el abastecimiento de agua potable y la seguridad alimentaria durante la temporada crítica. Petro sostuvo que la suspensión de dichos recursos «desfinancia la emergencia nacional por completo» y obstaculiza las acciones preparatorias frente a un incremento esperado en las temperaturas.
En declaraciones recogidas por el noticiero 90 Minutos, el presidente enfatizó que interrumpir el flujo de financiamiento puede colocar en peligro la vida humana especialmente en el periodo de diciembre a marzo, meses en los cuales se espera un mayor impacto del fenómeno. Además, manifestó que la decisión habría sido tomada sin considerar el alcance científico de la crisis climática, cuestionando los argumentos del Consejo de Estado que presumen la previsibilidad de los patrones climáticos, aspecto que calificó de erróneo.
Petro también señaló que el cambio de gobierno próximo representa un riesgo adicional debido a la ausencia de un puente de empalme que asegure la continuidad de los planes para enfrentar El Niño, lo cual podría generar retrasos en la ejecución de medidas preventivas.
El presidente atribuyó parte de la problemática a que algunos magistrados y sectores del país no han dimensionado aún los riesgos del cambio climático, apuntando que la suspensión de recursos afecta directamente sectores estratégicos como el suministro de agua y la producción agrícola, cruciales para mitigar los impactos de la emergencia.
El gobierno, según Petro, había realizado esfuerzos significativos para preparar al país ante la eventualidad, promoviendo inversiones y obras de prevención que ahora se ven paralizadas por el fallo judicial. Reiteró que la ley debería interpretar la imprevisibilidad climática con base en la evidencia científica y no en supuestos subjetivos.
La alerta presidencial pone en evidencia las tensiones entre determinaciones judiciales y políticas públicas relacionadas con la gestión del riesgo y adaptación ante fenómenos naturales que afectan a Colombia cada año.
Esta información fue divulgada inicialmente por Pulzo y recogida por 90 Minutos.
Redacción ColombiaPrensa
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