COLOMBIA, 3 de agosto de 2026. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, recibió el pasado 31 de julio el informe final elaborado por el Comité de Expertos Ad Hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales ocurridas entre 2019 y 2021.
Este documento representa un importante aporte en materia de verdad, memoria colectiva y recomendaciones orientadas a fortalecer las garantías de no repetición en Colombia, enfatizando en la protección y respeto de los derechos humanos durante las movilizaciones sociales.
El Comité de Expertos, conformado por Leyder Humberto Perdomo, Fernanda Espinoza Moreno, María Clara Galvis y su equipo investigativo, fue creado bajo el Decreto 1190 de 2025 como un mecanismo transitorio, extrajudicial e independiente. Su mandato se centró en documentar, analizar y esclarecer los hechos acontecidos durante dichas protestas, así como en formular recomendaciones para fortalecer la protección del derecho fundamental a la protesta social.
Cabe destacar que el Comité no posee funciones judiciales ni atribuciones para establecer responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales o administrativas. Su labor se focalizó exclusivamente en promover el reconocimiento de las víctimas, contribuir al esclarecimiento de los hechos desde una perspectiva de derechos humanos y apalancar acciones institucionales para evitar la repetición de vulneraciones durante movilizaciones sociales.
Durante un año de investigación, el Comité identificó patrones, contextos y dinámicas relacionados con posibles vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. También recopiló evidencias para sugerir medidas concretas orientadas a fortalecer las garantías para quienes ejerzan el derecho a la movilización pacífica, y promover la no estigmatización ni criminalización de estas manifestaciones.
La entrega del informe final se realizó en el Salón Azul de la Casa de Nariño, en presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y de víctimas, al igual que delegados de la comunidad internacional y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Con la presentación de este informe, el Gobierno Nacional reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y con garantizar el derecho legítimo a la protesta social en condiciones de seguridad, respeto y plenas garantías para todos los ciudadanos. Los hallazgos y recomendaciones allí contenidos aportan a la formulación y consolidación de políticas públicas que fortalezcan la democracia, la confianza ciudadana y los mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos sociales.
El Ministerio del Interior ratifica que este ejercicio es un paso fundamental para la memoria, el reconocimiento de las víctimas y la consolidación de garantías que aporten a la reconciliación social y una convivencia democrática respetuosa en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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