COLOMBIA, 4 de agosto de 2026. Una coalición de veinticinco estados demócratas en Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno federal por la política arancelaria implementada por el presidente Donald Trump, la cual afecta a Colombia con un gravamen del 12,5 % sobre sus productos.
Los aranceles fueron impuestos el 23 de julio tras una investigación basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que acusa a varios socios comerciales, incluidos Colombia, de permitir el suministro de bienes provenientes de prácticas de trabajo forzado. Sin embargo, los estados demandantes consideran que esta medida excede los poderes presidenciales y fue aplicada sin una relación directa y racional con dichas denuncias.
En la demanda, los estados señalan que los aranceles globales generalizados, que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % para 60 países, constituyen un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones, ya que no existe un mecanismo claro que vincule la eliminación de los derechos aduaneros con la terminación de las prácticas denunciadas.
La Casa Blanca defendió la política arancelaria asegurando que se utiliza la autoridad legal para eliminar políticas y prácticas que perjudican el comercio estadounidense. Esta decisión respondió a la percepción de que países como Colombia y otros socios comerciales no cumplen con las mismas exigencias en la lucha contra el trabajo forzado que mantiene Estados Unidos.
Desde su segundo mandato, el presidente Trump ha utilizado los aranceles como herramienta para renegociar acuerdos comerciales y corregir desequilibrios percibidos. Sin embargo, una medida similar fue anulada por la Corte Suprema en febrero, lo que llevó a la implementación de estos nuevos gravámenes que entraron en vigor el 24 de julio.
La demanda destaca además que las investigaciones y procesos fueron apresurados y prejuzgaron sus resultados, y aunque los estados demandantes manifiestan su oposición al trabajo forzoso, critican el uso de esta causa como pretexto para la imposición indiscriminada de aranceles.
El futuro de estas medidas arancelarias depende ahora del trámite judicial, donde se decidirá si se mantienen los gravámenes sobre productos colombianos y de otros países afectados. La incertidumbre generada tiene un impacto directo en sectores productivos que dependen del comercio con Estados Unidos.
Esta información fue reportada inicialmente por Semana, con datos de AFP.
Redacción BusinessCol
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