COLOMBIA, 4 agosto de 2026. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó el asesinato de tres integrantes del pueblo indígena Nasa, ocurrido el 1 de agosto en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe y reconocido defensor de derechos humanos, así como Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, integrante de la guardia indígena, y Hamilton Daniel Dagua, comunero Nasa.
El organismo internacional expresó su profunda preocupación por la violencia que afecta a esta comunidad y solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y locales que fortalezcan las acciones para garantizar la seguridad de las autoridades, líderes y habitantes del resguardo. La ONU hizo un llamado a robustecer la coordinación institucional, así como a implementar medidas para prevenir futuros ataques y combatir la impunidad.
Durante el ataque también resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, guardia indígena vinculado a labores de protección colectiva. La ONU reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe y el pueblo Nasa, y ratificó su disposición para acompañar a las autoridades competentes en la defensa y protección de los derechos humanos.
Tras conocerse el asesinato, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación y definir acciones institucionales. Como resultado, se estableció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.
La mandataria informó que Julián Mauricio Gutiérrez contaba con medidas colectivas de protección, había denunciado amenazas y esperaba la asignación de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual no había sido otorgado. También anunció que el 3 de agosto se realizará en Florida una Mesa de Derechos Humanos con participación del Gobierno nacional y entidades departamentales encargadas de Paz Territorial, Asuntos Étnicos y Seguridad Ciudadana. Este encuentro busca analizar el orden público en la región y las medidas para fortalecer la protección de la comunidad indígena.
La ONU solicitó que el caso avance con garantías de justicia, verdad y reparación para las víctimas, enfatizando la necesidad de que tanto los autores materiales como intelectuales sean plenamente identificados, juzgados y sancionados. Este pronunciamiento reafirma la urgencia de atender la situación de violencia que afecta a los pueblos indígenas en Colombia y la importancia de fortalecer la institucionalidad para proteger sus derechos.
Fuente: Infobae Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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