COLOMBIA, 6 de agosto de 2026. Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de julio de 2026, Estados Unidos felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciando su disposición para colaborar con su gobierno. A la vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a garantizar la continuidad y protección del Acuerdo de Paz de La Habana en un momento delicado para su implementación.
Jeff Bartos, embajador de Estados Unidos ante la ONU, destacó la celebración pacífica y democrática de las elecciones presidenciales, señalando que el 60 % de los 41 millones de votantes participaron en la segunda vuelta del pasado 29 de junio. No obstante, expresó su preocupación por la persistencia de la violencia política durante el ciclo electoral, particularmente tras el asesinato del senador Álvaro Uribe.
Bartos reafirmó el apoyo de Estados Unidos a un traspaso pacífico del poder en Colombia y advirtió que cualquier amenaza contra este proceso democrático es inaceptable. Asimismo, subrayó la preocupación por factores que afectan la estabilidad en el país, como la violencia política, el cultivo y producción ilícita de sustancias estupefacientes, y las acciones de grupos terroristas y armados ilegales que afectan no solo a Colombia sino a la región y también a Estados Unidos.
ONU insiste en continuidad y cooperación para sostener el proceso de paz
Por su parte, António Guterres presentó un informe sobre la Misión de Verificación de la ONU correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026, en el cual resaltó la importancia de una transición gubernamental fluida entre la administración saliente de Gustavo Petro y la entrante de Abelardo de la Espriella. Según el secretario general, una coordinación estrecha entre los gobiernos resultaría clave para preservar los avances del Acuerdo de Paz y afrontar los desafíos actuales.
El informe destacó las elecciones presidenciales como un hito político relevante y valoró la participación ciudadana en la jornada electoral. Sin embargo, subrayó los retos pendientes en la implementación del acuerdo, principalmente en políticas de reincorporación, seguridad y desarrollo rural.
Guterres enfatizó que las zonas con mayor presencia de violencia coinciden con regiones donde las iniciativas pactadas en el Acuerdo de Paz avanzan con lentitud, lo cual agrava la persistencia de hechos violentos. Añadió que las políticas de seguridad y los programas de paz pueden complementarse de manera efectiva para fortalecer la estabilidad.
Desafíos en seguridad y protección de excombatientes y comunidades vulnerables
Según el informe, más de 11.000 exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan el proceso de reincorporación a la vida civil, un tránsito que lleva cerca de una década. La ONU subrayó la necesidad de garantías de seguridad y oportunidades económicas para consolidar este proceso y evitar la reactivación de la violencia.
No obstante, desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 493 excombatientes, incluyendo mujeres y miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas. A pesar de una reducción en homicidios durante 2026, la ONU advirtió que persisten amenazas, extorsiones, presiones de grupos armados ilegales y desplazamientos forzados.
Entre finales de marzo y comienzos de junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó más de 5.200 personas desplazadas y cerca de 9.600 confinadas en siete departamentos, con más de la mitad pertenecientes a comunidades étnicas. Además, se registraron restricciones de movilidad y acceso que afectaron a aproximadamente 316.000 personas en el Cauca y zonas de la Amazonia bajo influencia de estructuras armadas ilegales.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió denuncias asociadas a 33 asesinatos de líderes sociales, incluyendo mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinos, durante este periodo. La organización señaló además que varios mecanismos de protección previstos en el acuerdo permanecen pendientes de aprobación e implementación, dificultando una mayor protección a las víctimas y líderes sociales.
El representante especial para Colombia, Miroslav Jenča, confirmó que adelantará contactos con el nuevo gobierno para conocer sus prioridades y ofrecer apoyo técnico basado en la experiencia de casi una década de trabajo de la misión de la ONU en el país.
Redacción ColombiaPrensa
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