COLOMBIA, 12 de agosto de 2026. El Gobierno Nacional inició la implementación de una serie de medidas económicas destinadas a atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y que afectó principalmente el occidente y centro del país. La emergencia, que se presentó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, ha dejado al menos 190 muertos y más de 1.670 heridos, según reportó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Las ciudades más afectadas identificadas incluyen Quibdó, Cali, Manizales y Pereira, siendo Cali la que concentra la mayor cantidad de víctimas mortales con 95, seguida de Pereira con 81 fallecidos. En términos de heridos, Cali registra 999 personas lesionadas, Pereira 278, Armenia 174, Quibdó 116 y Manizales 112. Además, se reportan 222 personas desaparecidas y 243 estructuras colapsadas en las zonas afectadas.
Prórroga para el pago de impuestos y reorganización del presupuesto
En respuesta a la emergencia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció ajustes en las obligaciones tributarias para facilitar la atención de la crisis en las regiones impactadas. Entre las medidas se destaca una prórroga de 30 días adicionales para el pago del impuesto de renta para contribuyentes ubicados en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó, cuyo vencimiento estaba originalmente programado a partir del 12 de agosto.
Esta prórroga busca brindar alivio a ciudadanos y empresas, permitiéndoles priorizar la atención a la emergencia antes de cumplir con sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, el Gobierno informó que se podrán realizar traslados dentro del presupuesto nacional para financiar las necesidades más urgentes derivadas del desastre natural, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos en esta etapa inicial.
Ajustes presupuestales para la atención y reconstrucción
La declaratoria de emergencia nacional ha llevado a una revisión del presupuesto público. Según analistas, el Ejecutivo evaluará recortes en gastos asociados a burocracia y gastos considerados no esenciales, lo que implicará negociaciones con el Congreso para presentar un proyecto presupuestal ajustado orientado a financiar la atención inmediata y la reconstrucción posterior de las áreas afectadas.
El economista Fernando Quijano explicó que la complejidad fiscal actual representa un desafío para modificar las cuentas públicas, dado que gran parte del presupuesto nacional ya está comprometido. Por esto, será necesario identificar partidas que puedan ser redirigidas, incluso en sectores como Cultura, Deporte, Ciencia y la Unidad Nacional de Protección, para priorizar recursos hacia la emergencia.
Asimismo, destacó que la prórroga en el pago de impuestos tendrá un impacto en el recaudo previsto para el mes de agosto, lo que implica menores ingresos temporales para la Dian. Por tanto, la estrategia del Gobierno consiste en mantener la estabilidad tributaria sin aumentar la carga impositiva, mientras busca liberar y reorganizar recursos dentro del gasto público existente.
Perspectivas y siguientes pasos
El Gobierno enfrenta el reto de atender las necesidades actuales y futuras que ha generado el sismo, incluyendo la financiación para la recuperación y reconstrucción de infraestructura y servicios en las zonas afectadas. La gestión de esta emergencia conllevará una revisión continua del gasto público y un seguimiento estrecho al impacto fiscal derivado de las medidas implementadas.
Estas acciones y decisiones buscan garantizar una respuesta efectiva y oportuna sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país, priorizando a la vez el bienestar de las comunidades afectadas.
Fuente: La FM
Redacción ColombiaPrensa
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