COLOMBIA, 12 de agosto de 2026. La ponencia presentada por la magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, sugiere que la reforma pensional, actualmente suspendida, sea devuelta por segunda vez al Congreso para que se subsanen los vicios de trámite que han impedido su aprobación definitiva. La reforma, promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, busca impactar el sistema pensional de aproximadamente 25 millones de colombianos y plantea un esquema de unificación del ahorro pensional entre Colpensiones y fondos privados.
Esta iniciativa fue suspendida en junio del año anterior luego de que la Corte identificara irregularidades en el trámite legislativo, específicamente en el cuarto y último debate en la Cámara de Representantes, donde se presentó un vicio procedimental conocido como ‘pupitreada’. Debido a esto, el alto tribunal decidió devolver el proyecto a esta corporación para que corrigiera las fallas.
Sin embargo, en las sesiones extraordinarias realizadas el 27 y 28 de junio de 2025, en las cuales se aprobó nuevamente la Ley 2381, la Corte considera que no se cumplió con la “debida deliberación” exigida. Según el auto 841, aprobado semanas después, la aprobación del articulado no puede ser sustituida por la aprobación de una proposición sin que exista un debate real sobre el contenido, ni se consideren las proposiciones presentadas por los congresistas.
La magistrada Meneses habría optado por una medida intermedia, recomendando devolver la reforma al Congreso para que realice el trámite correspondiente y efectivo. Esta decisión se complica ya que el proyecto volverá a una Cámara con nuevas mayorías políticas diferentes a las anteriores, lo que genera un escenario incierto sobre la aprobación final de la ley.
El proceso ante la Corte Constitucional ha sido complejo. Inicialmente fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien presentó una ponencia que proponía la eliminación total de la reforma por diversas irregularidades procedimentales, incluyendo posibles fallas en el quórum y en la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Tras un impedimento, el expediente fue asignado a la magistrada Meneses, quien ahora sugiere devolver la iniciativa al Congreso.
El gobierno habría convocado las sesiones extraordinarias para corregir el trámite siguiendo la comunicación de la decisión de la Corte, pero sin presentar la sustentación correspondiente en ese momento, lo que fue considerado insuficiente para superar las observaciones legales. La ponencia critica que el debate en esas sesiones se centró en acoger un texto ya aprobado en el Senado, sin abrir espacio para un análisis detallado del articulado ni para la presentación de proposiciones por parte de los representantes.
Ahora, con el cambio de Gobierno y la conformación de un nuevo Congreso, el próximo debate será un escenario crucial para definir el futuro de esta reforma pensional. La norma, en caso de ser aprobada, estipula que los afiliados cotizarían hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el excedente en los fondos privados de su preferencia, buscando unificar y fortalecer el ahorro pensional.
La decisión final de la Corte y las acciones del Congreso marcarán un momento determinante en la política pública pensional en Colombia. La información fue difundida inicialmente por El Tiempo y destaca la relevancia del proceso jurídico y legislativo en curso.
Redacción BusinessCol
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