COLOMBIA, 14 de agosto de 2026. Los presidentes de las altas cortes de Colombia expusieron los principales desafíos que afrontará la justicia durante el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre los cuales resaltaron la revisión de los decretos del Ejecutivo, el aumento en la presentación de acciones de tutela y la lucha contra la corrupción en el país.
Estas declaraciones se dieron en el marco del Congreso Nacional de la Andi, realizado en Cartagena, donde un panel moderado por Juan Lozano, director de La FM, permitió que Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, explicara el papel que tendrá la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a los eventuales procesos contra los decretos que expida la actual administración.
Montaña aclaró que el Consejo de Estado es competente para revisar la constitucionalidad y legalidad de los decretos que no posean fuerza material de ley. En contraste, los decretos con esa fuerza son responsabilidad de la Corte Constitucional. Asimismo, precisó que la cantidad de decretos emanados por el gobierno no implica de manera automática una vulneración del ordenamiento jurídico, resaltando la importancia de que estos se encuentren enmarcados dentro de la Constitución y la ley.
El magistrado también detalló que la potestad reglamentaria del Ejecutivo depende del grado de abstracción de la ley que desarrolle, y que un decreto no se considera ilegal o inconstitucional únicamente por regular un asunto específico, siempre que respete los límites constitucionales y legales. Respecto al aumento probable de fugas judiciales debido a las demandas por estos decretos, reconoció que la congestión judicial es un problema estructural en toda la Rama Judicial, incluida la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, destacó la existencia de mecanismos como la suspensión provisional para que los jueces actúen ante decisiones administrativas que contradigan el ordenamiento jurídico.
Por otro lado, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, alertó sobre el crecimiento significativo en el número de acciones de tutela que llegan a la Corte para su revisión. Estas tutelas, establecidas desde la Constitución de 1991 como recurso para proteger derechos fundamentales, han tenido un incremento notable, especialmente asociadas a problemas en el sistema de salud. Meneses indicó que la Corte ha debido solicitar apoyo al Consejo Superior de la Judicatura para contar con personal adicional y activar un plan de choque con el objetivo de poner al día la revisión de estas tutelas hacia febrero de 2028.
La magistrada señaló que este aumento evidencia un problema estructural que requiere soluciones de fondo, afirmando que la cantidad tan elevada de tutelas refleja la necesidad de abordar dichos problemas desde una perspectiva integral y estructural.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que este fenómeno afecta la capacidad estatal para atender las necesidades ciudadanas. Destacó el trabajo articulado entre entes judiciales y la Fiscalía, mencionando casos emblemáticos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ha tenido imputaciones, condenas y procedimientos judiciales en curso. Lenis enfatizó que los procesos de control judicial forman parte del normal funcionamiento del sistema penal y que las investigaciones, aunque complejas y en algunos casos con ajustes en acusaciones, continúan activas para enfrentar esta problemática.
Finalmente, durante el cierre del panel, los magistrados defendieron la institucionalidad y la independencia judicial en un contexto de inicio de gobierno. Paola Meneses resaltó los esfuerzos de la Corte Constitucional para combinar análisis jurídico con la protección de derechos, e hizo referencia a programas como “Diálogos Constitucionales” y “Guardianes de la Constitución” para fomentar la cultura democrática y el conocimiento del Estado social y democrático de derecho.
Alberto Montaña destacó la presencia nacional del Consejo de Estado y su labor de control del poder público para garantizar que actúe dentro del marco jurídico, recordando que la jurisdicción contenciosa se activa a partir de demandas ciudadanas. El encuentro, convocado por la Andi, reafirmó el compromiso de las altas cortes con el control institucional y el fortalecimiento de la justicia colombiana ante los retos del nuevo gobierno.
Redacción ColombiaPrensa
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