COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. El gobierno de Colombia anunció la presentación ante el Congreso de una propuesta para clasificar a guerrillas, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales como “terroristas”. Esta iniciativa forma parte de la política del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el 7 de agosto y prometió endurecer las medidas contra el crimen organizado en el país.
El presidente de derecha ha planteado un cambio radical respecto a las políticas de paz instauradas por su predecesor de izquierda, buscando combatir estas organizaciones sin tregua y con el respaldo de Estados Unidos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que se está preparando un “estatuto antiterrorista” que ofrecerá herramientas jurídicas específicas para enfrentar a estos grupos ilícitos.
Según declaraciones de Lara a Blu Radio, la iniciativa definirá qué se entiende por organización terrorista para posteriormente elaborar una lista de los grupos que se ajusten a esta categoría. Aunque el ministro no detalló qué grupos podrían ser incluidos, señaló que incluso quienes estarían detrás de los incendios recientes en la región occidental del país podrían considerarse dentro de esta clasificación.
En un comunicado oficial, la Presidencia destacó que se trabaja en una estrategia para tratar a todos los grupos criminales como terroristas, recalcando la necesidad de dotar a la fuerza pública con las facultades necesarias para combatir a individuos que representan una amenaza a la seguridad nacional y la vida de las comunidades.
El gobierno también manifestó preocupación por la presencia de personas que, haciéndose pasar por voluntarios en la atención de desastres naturales, en realidad estarían actuando con objetivos terroristas, buscando distraer y agotar los recursos estatales destinados a la gestión de emergencias.
Esta iniciativa se enmarca en un momento complejo para Colombia, marcado por un aumento en los niveles de violencia en la última década. La alianza estratégica con Estados Unidos se muestra activa, dado que Washington ya ha designado organizaciones ilegales de varios países latinoamericanos como terroristas, lo que facilita la ampliación de operaciones policiales, de inteligencia y contrainsurgencia a nivel global.
Durante la administración anterior, el expresidente Gustavo Petro intentó implementar políticas para desarmar a guerrillas y narcotraficantes, aunque estas medidas no lograron consolidarse ni reducir significativamente la violencia y producción de cocaína, posicionando a Colombia como el principal productor mundial de esta sustancia ilegal.
Con esta propuesta legislativa, el gobierno de De la Espriella busca un marco legal más estricto que permita intervenir decisivamente contra las estructuras delictivas que afectan la seguridad y el desarrollo económico del país.
La fuente de esta información es el artículo publicado por AFP en La Nación el 25 de agosto de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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