COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se refirió públicamente a un caso de apropiación irregular de uno de los lotes públicos en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, lo que ha sido motivo reciente de controversia y cuestionamientos sobre la administración pública local de años anteriores.
El mandatario habló en el marco de la posesión del Contralor General de la República, Jorge Laverde, en La Dorada, Caldas. Allí destacó que la corrupción ha permeado distintos niveles de la administración pública, afectando desde contratos importantes hasta la vulneración directa de comunidades en situación de vulnerabilidad.
De La Espriella señaló la gravedad de que terrenos públicos, en este caso donados por la empresa Cementos Argos en 2009 con el propósito exclusivo de destinarlos a zonas verdes, hayan sido apropiados de manera irregular con la complacencia de funcionarios de la administración local.
Específicamente, se refirió a un lote de 5.082 metros cuadrados en Puerto Colombia que, según reportes periodísticos, fue originalmente destinado para la construcción de un parque infantil. Sin embargo, ese espacio fue cedido gratuitamente durante la gestión del exalcalde Steimer Mantilla Rolong en 2017, en un proceso que ha sido cuestionado y denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
El Presidente enfatizó que la permisividad de servidores públicos frente a actos de apropiación indebida afecta la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y deteriora el vínculo moral necesario para un buen ejercicio del servicio público. Además, reiteró el compromiso de su administración para identificar, denunciar y perseguir a quienes participan en actos de corrupción, asegurando que no se tolerará más la existencia de tales irregularidades.
En ese sentido, mencionó la lucha frontal contra las llamadas bandas dedicadas al robo de tierras en el departamento del Atlántico, anunciada días antes en un Consejo de Seguridad celebrado en Barranquilla, convocando a la Fiscalía General, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio de Defensa a actuar contra estos grupos criminales.
“No voy a seguir tolerando el cartel de los tierreros”, afirmó el Jefe de Estado, resaltando que no se protegerá a nadie y que se hará caer a quienes sean responsables, a pesar de los interesas que han impedido hasta ahora avanzar en la solución de este asunto.
Este caso involucra además la denuncia periodística original realizada por el medio Zona Cero, que reveló la cesión irregular de estos terrenos, junto con otras irregularidades vinculadas a la entrega de lotes públicos a particulares en la región.
El pronunciamiento del Presidente De La Espriella refuerza la expectativa pública en torno a la investigación y seguimiento que deben realizar las autoridades competentes para garantizar la protección de los bienes públicos y la transparencia, en especial en un territorio como Puerto Colombia, donde se han evidenciado situaciones recurrentes de apropiación indebida.
La ciudadanía y distintas organizaciones han solicitado mayor celeridad en la actuación judicial para esclarecer responsabilidades y evitar la repetición de estos hechos que atentan contra el interés general y la planeación urbana en zonas estratégicas para el desarrollo y el bienestar social.
Colombia atraviesa un momento decisivo en la lucha contra la corrupción, donde los llamados del Gobierno Nacional representan un impulso para fortalecer los mecanismos institucionales y promover la gobernabilidad efectiva. El seguimiento a los casos como el de Puerto Colombia será una prueba para la gestión gubernamental y el sistema judicial.
Redacción ColombiaPrensa
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