COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. El Gobierno de Colombia aclaró que la orden de deportación dirigida a migrantes en situación irregular no afectará a los ciudadanos venezolanos que han regularizado su estatus o ingresaron durante los años más críticos de la crisis migratoria. Así lo manifestó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que esta medida no impacta a la mayoría de los venezolanos que han hecho uso de los mecanismos legales para su estadía en el país.
El funcionario indicó que la disposición adoptada por el presidente Abelardo De La Espriella excluye expresamente a cerca de dos millones de venezolanos que arribaron a Colombia entre 2019 y 2021, periodo durante el cual aproximadamente un 90 % logró regularizar su situación migratoria. Según el ministro, estos migrantes han recibido un trato de hermandad y han sido incluidos en los servicios públicos y sociales proporcionados por el Estado colombiano.
Rodrigo Lara enfatizó que quienes poseen el Permiso por Protección Temporal (PPT) cuentan con respaldo legal para residir en Colombia y no son considerados parte del grupo vulnerable al proceso de deportación. En ese sentido, el Gobierno busca proteger a estas comunidades que cumplen con los requisitos legales y mantienen su estadía bajo el amparo jurídico vigente.
En contraste, el ministro puntualizó que las acciones gubernamentales están orientadas a desarticular redes criminales vinculadas al tráfico ilegal y la trata de personas. En particular, mencionó estructuras delictivas como el Clan del Golfo, que se lucran con el tránsito irregular de migrantes a través de zonas como la selva del Darién, representando un riesgo para la seguridad y bienestar de estas personas.
Esta declaración se da en respuesta a inquietudes surgidas tras el anuncio inicial del presidente De La Espriella sobre las deportaciones, y se reafirma el compromiso de proteger a los migrantes que han accedido a mecanismos legales en Colombia, mientras que el foco de la política migratoria se dirige a combatir la ilegalidad y las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de personas.