COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. Una iniciativa legislativa liderada por la senadora Norma Hurtado Sánchez del Partido de La U, junto con un grupo multipartidista, fue radicada en el Senado de la República con el propósito de modernizar la regulación vigente sobre construcción sismorresistente en Colombia.
Este proyecto de ley propone reformas a la Ley 400 de 1997, estableciendo por primera vez plazos estrictos y de cumplimiento obligatorio para la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR), buscando enfrentar con mayor rigor y anticipación las amenazas sísmicas que afectan al país.
La iniciativa fue presentada semanas después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, evento que generó daños estructurales en diversas edificaciones, evidenciando la necesidad de fortalecer y sistematizar la gestión del riesgo sísmico como una política pública permanente y no reactiva.
En palabras de la senadora Hurtado, “Colombia no puede seguir reaccionando únicamente tras sufrir una tragedia”. En este sentido, la propuesta busca definir responsabilidades claras para diferentes actores y establecer tiempos perentorios para las revisiones y actualizaciones normativas con el fin de prevenir daños futuros.
Sobre las disposiciones del proyecto, se incluye la obligación de realizar revisiones periódicas de las normas sismorresistentes y de efectuar revisiones extraordinarias en un plazo máximo de 12 meses tras la ocurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud.
Además, se plantea que la microzonificación sísmica, un análisis técnico que identifica zonas con diferentes niveles de amenaza, sea un requisito indispensable para la expedición de licencias de construcción en los municipios que cuentan con dicha información.
Otra propuesta del proyecto es otorgar al Gobierno Nacional la facultad de brindar asistencia técnica y financiera a los municipios con altos niveles de amenaza sísmica. Según los autores, esta situación afecta a más del 80 % del territorio nacional, por lo que es fundamental fortalecer capacidades locales para la prevención.
La senadora Hurtado enfatizó que, aunque no se pueden evitar los eventos naturales, “sus estragos sobre la población sí se pueden mitigar si el Estado actúa con rigor técnico y oportunidad”. La iniciativa en trámite busca que la prevención sísmica deje de ser una medida coyuntural y se convierta en una política estatal robusta y sostenida.
La radicación de este proyecto representa un paso significativo en materia de gestión de riesgos en Colombia, alineándose con las mejores prácticas internacionales en construcción segura y resiliencia frente a desastres naturales.
Fuente: Ecos del Combeima.
Redacción ColombiaPrensa
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