COLOMBIA, 31 de agosto de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció la decisión definitiva de cancelar las mesas de diálogo con dos disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), identificadas como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
La medida se formalizó a través de la revocatoria de los nombramientos de los representantes del Gobierno y del reconocimiento de los delegados de estas organizaciones armadas. El mandatario fundamentó su decisión alegando que dichos grupos no presentan una “voluntad real ni verificable de paz”, ni intención de reinserción a la vida civil o sometimiento a la justicia, lo que implica una ruptura con la política seguida por la administración anterior de Gustavo Petro, que promovía el diálogo y soluciones negociadas para la paz y reconciliación nacional.
Durante una alocución, De la Espriella criticó abiertamente la política de paz total impulsada por la anterior administración, calificándola como una claudicación en el ejercicio soberano frente al narcoterrorismo. El presidente subrayó que no permitirá que las mesas de diálogo funcionen como refugios para la impunidad ni para estructuras que mantienen la violencia sin ofrecer compromisos reales, advirtiendo que quienes sigan en el crimen enfrentarán la respuesta legítima de la Fuerza Pública.
Esta postura se enmarca dentro de una estrategia de seguridad nacional que prioriza el uso del poderío militar por encima del diálogo con grupos armados ilegales. Recientemente, el Ejecutivo informó sobre operaciones realizadas contra presuntas disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, las cuales dejaron un saldo de diez personas fallecidas, incluyendo tres menores de edad según el Instituto Nacional de Medicina Legal, que también reportó nueve cuerpos identificados y uno pendiente de abordaje forense debido a su estado.
La terminación de los procesos de diálogo se produce en un contexto de preocupación de antiguos integrantes de las FARC-EP, quienes solicitaron al Gobierno definición clara en cuanto a garantías presupuestales, institucionales y de seguridad para cumplir con el Acuerdo Final de Paz de 2016. Este acuerdo, resultado de extensas negociaciones entre 2011 y 2016, involucró a víctimas, sociedad civil y fuerzas armadas, y busca reconstruir el tejido social mediante la satisfacción de derechos relacionados con la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición, además de promover la convivencia y el respeto al Estado Social de Derecho.
El Acuerdo de Paz está compuesto por tres documentos principales: el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se mantiene en dos versiones; las actas de las mesas de negociación; y las propuestas de la ciudadanía y diversas organizaciones para la conformación del pacto.