COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, emitió una respuesta enérgica a las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en relación con el manejo de los resultados de la Operación Azarías, que fue realizada contra estructuras armadas ilegales en el departamento del Guaviare.
El jefe de la cartera política calificó como “una triste equivocación” cualquier intento de equiparar las acciones ejecutadas por el Estado con las de organizaciones narcoterroristas. Aseguró que el Estado tiene el deber constitucional de combatir a grupos criminales que generan violencia y terror contra la sociedad, defendiendo las actuaciones legales y legítimas de la Fuerza Pública frente a las estructuras ilegales que operan en diferentes regiones del país.
Crítica a la estrategia anterior de Paz Total
Rodrigo Lara también cuestionó la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno anterior. Según el ministro, esa política condujo a que “poblaciones enteras, inermes” quedaran expuestas frente a las organizaciones criminales. En este sentido, afirmó que Colombia está “poniendo fin al cinismo” de dicha estrategia, buscando cambios en la forma de combatir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.
Solicitud a la Defensoría del Pueblo
Además, el ministro del Interior hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que acompañe la lucha contra los grupos armados ilegales. Lara solicitó que esta entidad use “su voz con toda su fuerza” para denunciar a quienes emplean drones para realizar ataques, reclutan menores de edad y ejercen violencia sobre las comunidades afectadas.
Esta declaración se da en el contexto de la Operación Azarías, que recientemente enfrentó a estas estructuras ilegales en el Guaviare, y que ha generado debates sobre el manejo institucional y la información divulgada en torno a la seguridad y los derechos humanos.
Las afirmaciones del ministro fueron difundidas a través de medios de comunicación nacionales, entre ellos Chica Noticias, que informó sobre el intercambio de opiniones entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
Cabe resaltar que, según la fuente reportada, Rodrigo Lara enfatizó en la importancia de distinguir el accionar legítimo del Estado, orientado a proteger a la ciudadanía, de las actividades violentas de grupos narcoterroristas, rechazando así cualquier comparación que genere confusión en el debate público.
El diálogo entre las instituciones destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de seguridad, protección de derechos humanos y cooperación institucional en la lucha contra la criminalidad organizada, aspectos que continúan siendo prioritarios en la agenda gubernamental para garantizar la paz y el orden en las regiones afectadas por la violencia.
Redacción ColombiaPrensa
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