COLOMBIA, 12 de septiembre de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso importante en la implementación de su política de descentralización con el anuncio de una iniciativa que busca transferir competencias y recursos desde la Nación a los departamentos y municipios que estén preparados para asumirlas. La confirmación la hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante la reciente cumbre de gobernadores en Mompox.
El Ejecutivo radicará esta semana en el Congreso una ley orgánica denominada “ley de experimentación territorial”, que permitirá una transferencia progresiva y controlada de funciones a las entidades territoriales que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos. Según Lara, esta ley fijará un plazo definido y un mecanismo de evaluación pública que permitirá validar la experiencia piloto, tras lo cual el Congreso decidirá si la norma se generaliza, ajusta o revierte.
El ministro destacó que esta iniciativa es una de las apuestas más ambiciosas del actual gobierno para avanzar en la agenda de descentralización, la cual definió como la más importante desde la Constitución de 1991. Además, aseguró que el proyecto normativo estará acompañado de recursos certificados por el Ministerio de Hacienda, lo que garantiza que la transferencia irá acompañada de financiamiento efectivo.
Rodrigo Lara aclaró que la ley de competencias, pendiente desde la llegada de la administración, será gradual, simultánea y equivalente para las distintas regiones, con un enfoque que respeta las diferencias territoriales y contempla un acompañamiento técnico permanente. Resaltó que no se trata de una ley de giros, sino de una norma que define qué funciones cede la Nación, a quién y con qué recursos.
Entre las competencias que podrían ser transferidas se encuentran áreas como la formación para el trabajo, infraestructura educativa, manejo de vías terciarias, conectividad, desarrollo rural, atención a la primera infancia, promoción del empleo, turismo y gestión de asuntos de frontera. Estas funciones pasarían a estar a cargo de los departamentos y municipios junto con los recursos correspondientes, buscando un fortalecimiento efectivo del papel regional en la toma de decisiones y ejecución.
Además, se contemplan mecanismos de habilitación normativa experimental para que los territorios puedan adaptar las normas nacionales a sus realidades específicas, siempre bajo autorizaciones explícitas y con supervisión del Congreso. Sin embargo, estas facultades experimentales no aplicarán en temas relacionados con normas estatutarias, orden público ni derechos fundamentales.
Este anuncio se enmarca en la línea de trabajo que el presidente Abelardo de la Espriella ha impulsado desde el inicio de su mandato, procurando gobernar desde las regiones y redistribuir las funciones concentradas en Bogotá hacia las diversas entidades territoriales. Parte de esta estrategia se observa con la apertura de una “sede alterna” del Gobierno en Barranquilla y el diálogo constante con gobernadores y alcaldes en distintas regiones del país.
El Gobierno retomará iniciativas previas en esta materia, como la Misión de Descentralización a la que se ha asociado el PNUD, estudios de la Federación y la Universidad de los Andes, así como acuerdos como el Gran Pacto de Santa Marta. También se consideran las propuestas territoriales recibidas en Rionegro, basadas en los artículos 287 y 302 de la Constitución, que apuntan a una mayor autonomía y responsabilidad regional.
Con esta estrategia, la administración busca lograr una descentralización efectiva que reduzca la concentración de funciones en la capital y fortalezca la capacidad de los entes territoriales para gestionar temas claves de su desarrollo, otorgándoles además el acompañamiento técnico y los recursos necesarios para su ejecución.
La iniciativa representa un avance legislativo y administrativo de especial relevancia que busca consensos mediante mesas de trabajo con cada una de las instituciones territoriales para garantizar un proceso concertado y adaptado a las características de cada región, en procura de un manejo eficiente y responsable.
Redacción ColombiaPrensa
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