COLOMBIA, septiembre 12 de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió públicamente a las críticas formuladas por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, respecto a la difusión de imágenes que muestran los cuerpos de integrantes de grupos armados ilegales abatidos en la Operación Azarías, un operativo militar en el departamento del Guaviare contra disidencias de las FARC. La controversia tiene en el centro el debate sobre cómo debe el Estado comunicar los resultados de sus acciones frente a grupos armados y respetar los límites legales y constitucionales.
La discusión se inició tras la publicación de fotografías en las que se exhibían los cuerpos de 23 presuntos miembros de estos grupos, quienes fallecieron durante el operativo que, según informes oficiales, estaba dirigido a estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco. Marín calificó la difusión como una competencia por demostrar la crueldad, enfatizando que incluso en contextos de conflicto la autoridad estatal debe observar los parámetros establecidos en la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario.
En respuesta, Lara reconoció la importancia y el papel que desempeña la Defensoría del Pueblo pero rechazó comparaciones entre la conducta de la Fuerza Pública y las organizaciones narcoterroristas. Definió las críticas como una “triste equivocación” y afirmó que no corresponde igualar al Estado, que tiene la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía, con las bandas criminales que amenazan el orden público.
El ministro reiteró que bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella el Gobierno mantiene una estrategia ofensiva para recuperar el control territorial y combatir a los grupos ilegales que incurren en violencia, reclutamiento de menores y terrorismo. Asimismo, valoró el trabajo conjunto con la Defensoría en la defensa de los derechos humanos y la protección de víctimas, esperando que esta colaboración continúe pese a las diferencias sobre la comunicación pública de los operativos.
Por su parte, la defensora Marín aclaró que su crítica no cuestiona el deber constitucional de la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones armadas ilegales, sino más bien la forma en la que las autoridades presentan los resultados de las operaciones. Subrayó que la exhibición de imágenes mortuorias puede enviar mensajes contrarios a los principios de dignidad humana y respeto; asimismo, enfatizó que tanto el Gobierno como la Defensoría deben focalizar esfuerzos en atender alertas tempranas y en proteger a las comunidades vulnerables en zonas afectadas por la violencia.
Este intercambio público deja abierta una reflexión central sobre el equilibrio entre la contundencia en la lucha contra la criminalidad y el respeto a los derechos humanos, especialmente en la forma de comunicar los hechos que afectan a la sociedad. Además, el ministro aprovechó para cuestionar la política de Paz Total adoptada durante el gobierno anterior, señalando que esa estrategia habría permitido el control territorial de organizaciones ilegales que afectan la seguridad de comunidades enteras.
En suma, esta controversia representa un diálogo institucional imprescindible sobre la actuación del Estado en materia de seguridad y derechos humanos, mientras el Gobierno avanza en la implementación de una agenda de recuperación del orden público y fortalecimiento institucional en territorios afectados por el conflicto armado.
Fuente: LaVibrante.com
Redacción ColombiaPrensa
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