COLOMBIA, 23 de septiembre de 2026. El senador Enrique Gómez presentó un acto legislativo que propone modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 para establecer un plazo improrrogable de diez años para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la iniciativa, el inicio de este término contaría desde la entrada efectiva en funcionamiento de todas las salas y secciones de la JEP, con el objetivo de concluir sus funciones para el año 2028.
El proyecto de reforma apunta a que, luego de este periodo, la justicia ordinaria asuma en un plazo adicional de cinco años la aplicación de las sentencias relacionadas con excombatientes que se acogieron al proceso de paz. En detalle, se plantea modificar el artículo transitorio 15, que regula el inicio, plazo y funcionamiento de la jurisdicción especial creada tras el Acuerdo de Paz de 2016.
La propuesta estipula que el plazo para que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas reciba informes será de dos años desde la constitución total de las salas, con posibilidad de prórroga hasta tres años, salvo causas excepcionales debidamente motivadas que permitan una moderada extensión del término.
Adicionalmente, se contempla que la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias pueda constituirse sin límite de tiempo cuando sea necesario, con la función de garantizar la correcta aplicación de las decisiones emitidas por la jurisdicción.
En respuesta a esta iniciativa, la senadora del Pacto Histórico y exministra de Salud, Carolina Corcho, aclaró que el artículo transitorio 15 establece 2028 como límite para finalizar las acusaciones, pero no para el cierre total de las salas de la JEP, las cuales continuarían con funciones jurisdiccionales durante cinco años adicionales. Corcho manifestó que desmontar la jurisdicción afectaría a militares que se sometieron al proceso y que aportaron información sobre los hechos investigados, exponiéndolos a procedimientos ante tribunales internacionales debido a las obligaciones del Estado colombiano.
Según datos disponibles, las salas de la JEP han emitido 1.019 renuncias a la persecución penal de un total de 1.070, beneficiando en un 95% a integrantes de la fuerza pública. Este escenario ha generado debates en el ámbito político y judicial sobre la continuidad y el alcance de la jurisdicción especial en el país.
La propuesta legislativa será presentada en el Congreso, donde será objeto de análisis y discusión en el marco del sistema de justicia transicional y los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016. Esta reforma podría modificar sustancialmente el funcionamiento y duración de la JEP, institución clave en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición en Colombia.
Fuente: Infobae.
Redacción ColombiaPrensa
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