COLOMBIA, 23 de septiembre de 2026. Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, declaró que no existe responsabilidad civil por parte del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en el proceso relacionado con la demanda presentada por familiares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, asociado a los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Tras dos semanas de juicio y más de tres horas de deliberación, el jurado determinó de manera unánime que Plazas Vega no tuvo responsabilidad civil en las acusaciones que buscaban establecer su eventual responsabilidad patrimonial en la muerte del magistrado. Estas acusaciones vinculaban al oficial retirado con presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas durante la operación militar para recuperar el Palacio.
Este fallo representa un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial y histórico que ha rodeado un episodio considerado uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. La toma del Palacio de Justicia fue protagonizada por el grupo armado M-19 el 6 de noviembre de 1985, que mantuvo como rehenes tanto a magistrados como a funcionarios y civiles. El Tribunal Especial de Instrucción, creado tras los eventos, señaló al M-19 como responsable de la ocupación.
Aunque posteriormente se abrieron procesos judiciales contra miembros del M-19 por sus acciones, la Ley 77 de 1989, en el contexto del proceso de paz, concedió indultos que terminaron con dichas investigaciones penales sin condenas para la organización. En contraste, las actuaciones de la Fuerza Pública en la retoma del Palacio continuaron bajo el escrutinio de investigaciones y procesos judiciales durante varias décadas.
De hecho, Plazas Vega había sido absuelto anteriormente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia respecto a los cargos penales relacionados con estos hechos. Ahora, con esta negativa a la responsabilidad civil por parte de un jurado estadounidense, la figura del oficial retirado ve reforzada su posición judicial.
El fallo fue públicamente valorado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó: “Se hizo justicia con un héroe de la patria. Qué viva Cristo Rey”. El mandatario había respaldado a Plazas Vega antes del juicio y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores evaluar el acompañamiento estatal para el coronel retirado.
Este episodio abre nuevamente el debate sobre las responsabilidades en el Palacio de Justicia, distinguiendo entre la responsabilidad por el asalto del M-19, que fue protegida mediante la ley de indulto, y las acciones de la Fuerza Pública, que han estado sujetas a revisiones judiciales constantes. El caso resalta además la necesidad de analizar con rigurosidad todas las responsabilidades, sin importar el lado involucrado en los hechos armados.
El Palacio de Justicia sigue siendo un asunto sensible para la memoria histórica nacional, y este fallo en Estados Unidos aporta un nuevo elemento a la construcción de la verdad histórica, integrando perspectivas sobre la toma, la respuesta militar y las consecuencias jurídicas y políticas de estas acciones.
Después de más de cuatro décadas, Colombia enfrenta el reto de construir una memoria integral que no sea selectiva y que reconozca todas las decisiones judiciales y políticas involucradas, para así avanzar en la comprensión de un episodio que aún genera dolor y numerosas interrogantes.
Fuente: Diario del Huila
Redacción ColombiaPrensa
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