COLOMBIA, 5 de octubre de 2026. La continuidad en la rectoría de Jairo Torres Oviedo en la Universidad de Córdoba ha generado fuertes críticas por parte del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lo que pone en entredicho la relación entre el gobierno nacional y las universidades públicas en Colombia.
Torres, quien ostenta la rectoría por tercera vez y que además ha ocupado cargos representativos como presidente de ASCUN y consejero del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), fue cuestionado públicamente durante la inauguración del estadio de béisbol Luis Nieto Correa, en Montería. De la Espriella afirmó que la designación de Torres es ilegal, a pesar de que el pasado 30 de julio la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la reelección para el periodo 2026-2031, tras desestimar una demanda de nulidad electoral.
El mandatario solicitó a la Procuraduría General de la Nación la reapertura y trámite prioritario del proceso disciplinario contra Torres, así como a la Fiscalía General de la Nación priorizar las investigaciones penales en su contra. Además, instó a la ministra de Educación a realizar una visita de inspección y vigilancia al campus universitario para revisar la rectoría y sus procesos electorales, con el fin de adoptar las medidas pertinentes.
El pronunciamiento se enmarca en una serie de cuestionamientos previos realizados por De la Espriella hacia otros rectores de universidades públicas, incluyendo a la Universidad de Pamplona y la Universidad de La Guajira, lo que evidencia un clima de tensión entre el Ejecutivo y estos centros educativos. En este sentido, la figura de Torres es especialmente significativa por su amplia participación en organizaciones rectorales y su posible reelección como presidente del Sindicato Unificado de Educadores (SUE).
A pesar de las denuncias del presidente, Torres cuenta con respaldo de sectores académicos y políticos, entre ellos el expresidente Gustavo Petro y el exviceministro de Educación Ricardo Moreno Patiño, quienes defienden su gestión y destacan su rol frente a la superación de situaciones de violencia paramilitar que afectaron la universidad en años anteriores.
La controversia resalta la tensión entre el respeto a la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución y ratificada en decisiones judiciales, y la intervención del gobierno para exigir transparencia y legalidad en la administración de las instituciones públicas de educación superior. En noviembre de 2025, Torres fue reelegido con un respaldo del 84,97 % de los votos en la consulta de los estamentos universitarios, lo que reafirma su legitimidad en el ámbito académico.
El Ministerio de Educación enfrenta el desafío de avanzar en las investigaciones requeridas, mientras que el gobierno central deberá manejar esta situación evitando afectar la autonomía institucional y la confianza entre la comunidad universitaria y las autoridades nacionales.
El caso también refleja una posible fractura política, dado que De la Espriella ha manifestado una postura crítica hacia las universidades públicas que identifica con el denominado “petrismo”, lo cual podría complicar futuros diálogos y negociaciones entre el sector educativo y el Ejecutivo.
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana
Redacción ColombiaPrensa
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