COLOMBIA, 5 de octubre de 2026. El Gobierno de Colombia, liderado por Abelardo De La Espriella, presentará el próximo 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta para revisar el acuerdo de paz firmado en 2016, un proceso que genera preocupación en la comunidad empresarial española establecida en el país.
La revisión será expuesta ante los quince miembros del máximo órgano de la ONU, en lo que se constituye como la segunda agenda diplomática relevante del Gobierno tras su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores, informó al Reino Unido, responsable de liderar el expediente colombiano en el Consejo de Seguridad, sobre la intención de adaptar el acuerdo conforme a las prioridades presidenciales.
El acuerdo de paz, que consta de seis puntos y está reglamentado por 432 normas entre actos legislativos, leyes y decretos, se encuentra blindado constitucionalmente por tres actos legislativos: el primero de 2016 denominado fast track, y dos más de 2017 que establecen los compromisos vinculantes de justicia transicional y los parámetros del derecho internacional humanitario para la implementación.
Posibilidades y límites de la revisión
Expertos señalan que la revisión no requeriría una profunda reforma constitucional para introducir ajustes administrativos, aunque modificar el espíritu del pacto exigiría una reforma estatutaria con amplia aprobación legislativa. Humberto de la Calle, exnegociador del acuerdo, afirmó que es posible modificar aspectos funcionales y operativos sin alterar la esencia, mientras que Germán Darío Valencia señaló que ciertas entidades como la Agencia Nacional de Reincorporación y los programas de desarrollo territorial podrían ser reestructuradas sin afectar las leyes.
Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que la revisión es una oportunidad para evaluar programas territoriales, aunque advierte que la reforma rural integral puede ser una fuente de tensiones debido a su incompatibilidad con la visión del nuevo Gobierno.
Impacto en la inversión española
Colombia ha sido tradicionalmente una plaza significativa para la inversión española, especialmente en sectores como energía, telecomunicaciones, banca, seguros e infraestructura. El acuerdo de paz determina aspectos fundamentales como la desmovilización y el uso del suelo rural, así como la presencia estatal en zonas afectadas por el conflicto, factores que inciden directamente en la percepción de riesgo para los inversionistas.
La preocupación central se relaciona con la posibilidad de que una revisión que debilite la capacidad estatal para implementar el acuerdo genere un repunte de la conflictividad en el campo, afectando la seguridad jurídica y la confianza de las empresas españolas y otros inversionistas a largo plazo.
Hasta junio de 2026, se han entregado cerca de 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas, con 114.000 títulos definitivos, cifras que aún distan de las metas fijadas. La formalización alcanzó más de cuatro millones de hectáreas de un objetivo de siete millones, pero los conflictos por tenencia de la tierra persisten en aproximadamente el 40% del territorio rural, según datos de la ONU.
Revisión administrativa frente a compromiso de Estado
Al elevarse el acuerdo a rango constitucional, como sucedió con los actos legislativos que lo blindan, el pacto se convierte en un compromiso del Estado más allá de un programa gubernamental, lo que limita la posibilidad de cambios radicales. Las modificaciones suelen enfocarse en aspectos administrativos y operativos, sin tocar el núcleo normativo a menos que se obtengan mayorías legislativas calificadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada como parte del acuerdo, ha avanzado en la emisión de sentencias firmes, aunque en un número limitado. El proceso de reincorporación de excombatientes registra avances, pero también dificultades, incluyendo la permanencia de varios individuos en procesos judiciales y la lamentable violencia contra firmantes del acuerdo.
El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, destacó que la revisión busca asegurar que el proceso de paz funcione para beneficio de los colombianos, enfatizando la necesidad de resultados concretos y no solo expresiones retóricas.
El desenlace de la presentación ante el Consejo de Seguridad marcará la dirección que tomará la implementación del acuerdo y la relación del Gobierno con los firmantes y organizaciones sociales, además de enviar una señal clave a los inversionistas internacionales, especialmente aquellos españoles, sobre la estabilidad y continuidad del marco jurídico que regula sus actividades.
Redacción ColombiaPrensa
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