COLOMBIA, 5 de octubre de 2026. En Colombia, el acceso al Congreso de la República no exige título universitario ni experiencia académica formal, lo que ha generado un debate sobre la idoneidad y preparación de quienes legislan en el país, publica un análisis reciente de AlPoniente.
La Constitución colombiana establece, para ser representante, simplemente la mayoría de edad activa, la ciudadanía en ejercicio y la edad mínima de 25 años, sin requerir formación profesional. Esta realidad resulta singular si se compara con otras profesiones reguladas, donde existe una preparación académica específica para el ejercicio, como sucede con médicos, ingenieros o jueces.
El análisis también destaca que esta situación no es excepcional en las democracias de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde los requisitos para acceder a los parlamentos suelen ser mínimos y basarse en la ciudadanía y la edad. Sin embargo, esta habitualidad no implica que la ausencia de mayores requisitos sea la más adecuada en gobiernos cada vez más complejos y técnicos.
En un Parlamento que debe legislar sobre asuntos tan especializados como inteligencia artificial, regulación financiera, transición energética, tratados internacionales y política fiscal, la falta de preparación formal se percibe como un vacío. El fenómeno no responde a una inclinación política desde un solo sector: ejemplos como el representante Agmeth Escaf, con formación hasta bachillerato y de profesión actor, y el representante liberal Alexander Harley Bermúdez, también con bachillerato y experiencia política y empresarial, evidencian que la cuestión afecta a personas de distintas corrientes políticas.
Un informe de la Cámara de Representantes, con base en información de la Universidad Colombiana sobre 275 congresistas en el período 2022-2026, indica que 16 % de esos legisladores no reportaban estudios universitarios. Además, el 39,27 % tenía como máximo nivel el pregrado, mientras que solo 2,18 % alcanzaba el doctorado. Los datos no buscan establecer superioridad entre quienes tengan más títulos, sino mostrar que se encomienda una función compleja sin establecer requisitos mínimos de formación.
En 2025 se presentó un proyecto legislativo que proponía elevar los requisitos y fortalecer la capacitación de congresistas y altos funcionarios. Sin embargo, esta iniciativa fue archivada en junio de ese año, evidencia de las dificultades para modificar las condiciones de acceso al Legislativo.
Una de las objeciones más comunes a imponer requisitos académicos es que podrían considerarse «elitistas» y excluir a líderes sociales, indígenas, campesinos y sindicales sin títulos formales. El texto plantea que la solución no es ignorar la importancia de la formación, sino definir una combinación equilibrada entre educación, experiencia y formas alternativas de acreditación que garanticen competencia sin restringir la diversidad social y política.
El análisis también pone de manifiesto una paradoja: según la OCDE, la confianza en el Gobierno nacional es significativamente menor en personas con menor educación, y esta brecha ha aumentado en los últimos años en relación con la confianza en las legislaturas nacionales. La percepción de capacidad de influencia política también varía según el nivel educativo, lo que refleja desigualdades en la participación democrática y la legitimidad percibida de las instituciones.
Finalmente, se subraya que tener un título universitario no garantiza mejor desempeño político, ya que la inteligencia, la prudencia y la ética no dependen exclusivamente de la formación académica. Por ello, se propone avanzar en una discusión más sofisticada que combine requisitos razonables de formación con mecanismos de transparencia, capacitación y experiencia que contribuyan a una representación parlamentaria adecuada a la complejidad actual del Estado.
La reflexión concluye que la democracia no debe implicar solo igualdad política en el acceso a las urnas, sino también elevar la competencia y la preparación de quienes ejercen funciones legislativas, promoviendo debates sobre los estándares mínimos necesarios para legislar con responsabilidad en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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