COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó desde Montería que los recortes presupuestales que enfrentará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proyecto de presupuesto general para 2027 no deben interpretarse como un ataque a esta entidad. Según señaló, estos ajustes reflejan la realidad fiscal del país y están dirigidos a que los diferentes órganos públicos actúen con responsabilidad ante las limitaciones económicas.
Durante una rueda de prensa realizada el 3 de octubre, el jefe de la cartera manifestó que a todos los sectores se les está ajustando el presupuesto, por lo que invitó a la JEP a tener prudencia y a no presentar la reducción como un desplante hacia la justicia transicional. Asimismo, recordó que esta jurisdicción nunca ha ejecutado el 100 % de los recursos asignados en años anteriores.
El presupuesto de la JEP para 2027 sufre un recorte de 170.000 millones de pesos, de los cuales 140.000 millones corresponden a inversión y 30.000 millones a gastos de funcionamiento. Estos fondos se reorientarán para fortalecer la justicia ordinaria, de acuerdo con la propuesta en trámite en el Congreso de la República. El debate final sobre el proyecto aún está en curso.
En paralelo, Cancino informó que junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, trabajan en un proyecto de ley de sometimiento que será radicado en el Congreso la próxima semana. Este marco jurídico, explicó, es claro, contundente y cuenta con aportes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros organismos. El objetivo es establecer condiciones jurídicas definitivas para los procedimientos de sometimiento a la justicia.
Respecto a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el ministro confirmó que no habrá prórrogas. Estas zonas tienen una vigencia máxima de dos meses, tiempo durante el cual las personas sujetas a la jurisdicción deben completar los trámites pendientes para acogerse al sometimiento.
Por otro lado, Cancino se refirió al inicio de un programa piloto de aspersión aérea de herbicidas sobre cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo. Señaló que esta medida cuenta con la resolución respectiva y será sometida al seguimiento de un organismo independiente para evaluar sus efectos, priorizando la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
El ministro concluyó subrayando que el sector justicia pone a las personas en el centro de su gestión, esforzándose en combatir las distintas formas de criminalidad bajo un marco normativo y operativo que busca proteger a la sociedad y garantizar el cumplimiento de la ley.
Esta declaración se dio en medio de un contexto de discusión política y presupuestal en el Congreso, en el que se está evaluando el alcance y recursos destinados a la justicia transicional y otros programas de seguridad y desarrollo territorial del país.
Fuente: El Espectador, 3 de octubre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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