COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la demora en la entrega de auxilios a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, afectando gravemente los departamentos del Eje Cafetero, especialmente Risaralda, Quindío y Caldas.
El órgano de control solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reabrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados, el cual fue cerrado el 4 de septiembre. Este registro es fundamental para que las familias afectadas puedan acceder a las ayudas económicas y de reconstrucción del Estado.
Autoridades locales manifestaron que el cierre prematuro del registro obligó a ingresar datos antes de completar las revisiones técnicas correspondientes de las viviendas. La Procuraduría enfatizó que este hecho generó exclusiones, especialmente de hogares en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
Las plataformas de la Ungrd presenta limitaciones, ya que no permiten actualizar la clasificación de las viviendas tras daños adicionales ocasionados por más de 1.300 réplicas, que han agravado las condiciones de las estructuras en los municipios afectados. Además, se ha reportado que la distribución de ayudas no ha sido homogénea, y que persiste la falta de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla necesaria para realizar evaluaciones, demoliciones y retiro de escombros.
En respuesta, la Procuraduría formuló seis peticiones clave a la Ungrd para mejorar la atención a los damnificados: reabrir el registro; permitir la actualización de daños por réplicas; agilizar los auxilios económicos; expedir un reglamento claro para la entrega de ayudas; coordinar mecanismos de apoyo con ingenieros y maquinaria; y garantizar una atención diferenciada para comunidades étnicas.
Según cifras oficiales, la Ungrd inició en septiembre el pago de 14.784 millones de pesos para apoyo económico temporal, beneficiando a hogares de Risaralda y Quimbaya (Quindío). Hasta el 2 de octubre, 364.664 familias inscritas (778.285 personas) han sido registradas, con 104.049 viviendas declaradas no habitables y 19.148 destruidas.
Cabe recordar que el último reporte con corte al 9 de septiembre registró 331 muertos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos como consecuencia del sismo. La Procuraduría había advertido previamente sobre atrasos en la actualización del registro y evaluaciones de daños en 14 departamentos afectados, debido a que solo 124 de 501 municipios habían cargado información al cierre del registro.
En seguimiento a esta situación, el Ministerio Público instaló mesas de trabajo en municipios del Quindío para revisar registros, decretos de calamidad y planes de recuperación con el fin de garantizar que las ayudas lleguen de manera oportuna y efectiva. La Procuraduría insiste en la necesidad de corregir irregularidades y cumplir con el deber estatal de proteger a las comunidades afectadas por esta emergencia.
Esta información fue recopilada y contrastada con base en la fuente original publicada por Minuto60.
Redacción ColombiaPrensa
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