COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno nacional advirtió que la explotación ilegal de oro en las regiones de Nóvita y el Baudó, en el departamento del Chocó, habría servido para financiar campañas políticas correspondientes a las elecciones de 2026. Esta actividad ilegal se habría realizado con más de 100 retroexcavadoras que operan sin control en estas zonas.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó la gravedad de esta situación y sostuvo que la financiación ilícita a través de la minería criminal representa un riesgo para la integridad del sistema democrático colombiano. Ante esta situación, el funcionario elevó la hipótesis a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones pertinentes.
Además, el Gobierno trabaja en la elaboración de un estatuto que permita enfrentar y desmantelar las redes criminales dedicadas a la minería ilegal, para inhibir el financiamiento ilícito de actividades políticas y otros delitos asociados. Esta medida busca fortalecer la gestión pública y garantizar el cumplimiento de la ley en regiones afectadas por esta práctica ilegal.
Esta denuncia se inscribe en los esfuerzos del Ejecutivo para combatir la minería ilegal, problemática que ha generado impactos ambientales, sociales y de seguridad en diversas zonas del país. La explotación irregular de recursos naturales con fines de obtención de beneficios económicos ilícitos se ha identificado como un factor que afecta la gobernabilidad y la transparencia en los procesos electorales.
El ministro Lara instó a las autoridades regionales y nacionales a intensificar los controles y operativos para mitigar la presencia de maquinaria ilegal en las áreas señaladas, además de implementar estrategias integrales con enfoque social para ofrecer alternativas legítimas a las comunidades involucradas en esta práctica.
El Gobierno mantiene el compromiso de preservar la institucionalidad y asegurar que las campañas electorales se desarrollen de forma transparente y sin influencias de fuentes ilícitas, garantizando así la confianza ciudadana en el sistema político colombiano.
Redacción ColombiaPrensa
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