COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. Testimonios de excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, han generado controversia política en torno a una reunión celebrada en Valledupar en octubre de 2025. Según estas versiones, funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro habrían presionado a los excombatientes para que relacionaran a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras con dicha organización paramilitar.
El encuentro, que contó con la participación de once excomandantes paramilitares, fue convocado oficialmente para avanzar en el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado y para aportar información sobre responsabilidades, víctimas, bienes de los antiguos combatientes y fosas comunes. No obstante, la exdirectora Angie Rodríguez afirmó haber recibido instrucciones directas del presidente Petro para que los exjefes paramilitares mencionaran a los tres dirigentes políticos.
Rodríguez, encargada de la logística, convocatorias y custodia de las actas, aseguró que transmitió esta solicitud a los excombatientes, quienes reaccionaron con rechazo y molestia. Según su relato, uno de los comandantes amenazó con abandonar el encuentro al considerar que se le pedía reiterar declaraciones previas entregadas ante la justicia.
Frente a la incomodidad de los asistentes, la exdirectora de la Dapre propuso entonces enfocar la reunión en las víctimas, proponiendo un recorrido nacional para pedir perdón, apoyar la búsqueda de desaparecidos e identificar fosas comunes y bienes para la reparación. Esta decisión, contó Rodríguez, provocó una fuerte reacción del presidente Petro, quien la reprendió telefónicamente y le ordenó regresar a Bogotá, incluso amenazándola con apartarla del Gobierno si no cumplía las instrucciones.
Rodríguez se negó a acatar la orden, argumentando que la reunión debía centrarse en la reparación y en la búsqueda de la verdad, lo que desencadenó una confrontación con el mandatario sobre su permanencia y desempeño durante el encuentro.
Las declaraciones de la exfuncionaria fueron respaldadas por testimonios de tres exjefes paramilitares presentes, quienes confirmaron que se mencionaron los nombres de Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras durante la jornada y calificaron la petición como un intento de involucrarlos en una disputa política. Uno de ellos señaló la intervención del asesor Víctor de Currea Lugo, quien también mencionó a los tres políticos. Los excomandantes indicaron además que sus testimonios deberían buscarse en los expedientes de Justicia y Paz y mostraron inconformidad por el posible uso político del encuentro.
Entre los asistentes estuvieron Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40; Fredy Rendón Herrera alias el Alemán; Edward Cobos alias Diego Vecino, y Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros.
Además, la reunión fue marcada por la presencia inesperada del entonces director de RTVC, Hollman Morris, y la visita del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien salió tras recibir la noticia de su inclusión en una lista de sanciones del Gobierno de Estados Unidos por parte de la OFAC. Esto generó la interrupción anticipada del encuentro.
Asimismo, se confirmó la presencia en el avión de regreso a Bogotá del senador Iván Cepeda, aunque no se encontraron evidencias que establecieran relación directa con las denuncias formuladas en la reunión.
El video difundido por Salvatore Mancuso en redes sociales reiteró que delegados del Gobierno solicitaron a los exjefes paramilitares que señalasen a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras en un contexto político, petición que los excombatientes rechazaron.
Rodríguez manifestó que interpretó esta iniciativa como una estrategia para influir en la contienda presidencial de 2026 a favor del Gobierno, interpretaciones que requieren ser contrastadas con pruebas y testimonios adicionales.
Este caso abre interrogantes sobre los límites entre la búsqueda de la verdad, reparación de víctimas y el uso político de testimonios vinculados al conflicto armado. Se resalta la necesidad de que cualquier acusación o presunto vínculo con estructuras paramilitares sea avalado por investigaciones oficiales y con base en pruebas comprobables.
Cabe destacar que estas acusaciones proceden de testimonios y no constituyen determinaciones judiciales sobre la existencia de un complot ni la comisión de delitos por parte de los mencionados. La polémica exige aclarar las motivaciones del encuentro, la identidad de quienes hicieron las solicitudes y si hay registros oficiales sobre la reunión.
Mientras persiste la falta de pronunciamiento público de figuras como Iván Cepeda, es fundamental conocer las posiciones y explicaciones de los funcionarios señalados, así como determinar con documentos oficiales lo ocurrido durante la jornada.
Este episodio podría generar una nueva tensión política en Colombia por la relevancia de los nombres involucrados y por el posible uso electoral de un proceso de esclarecimiento del conflicto armado. Actualmente, las versiones existentes apuntan a la necesidad de una investigación rigurosa, respeto por el debido proceso y garantías para las víctimas.
Redacción ColombiaPrensa
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