COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. El Gobierno Nacional anunció la próxima expedición de un decreto para establecer formalmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta medida, presentada por el presidente Abelardo De la Espriella y respaldada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tiene como objetivo consolidar la estrategia jurídica y cartográfica para fortalecer la posición marítima de Colombia en esta zona del Caribe.
El decreto, programado para ser firmado el 30 de noviembre, definirá las coordenadas oficiales del trazado de las líneas de base para el archipiélago, cuyos detalles serán incorporados a las cartas náuticas oficiales. Con esta acción, el Gobierno pretende presentar las islas como una unidad territorial indivisible, a diferencia del enfoque previo que consideraba cada isla de forma aislada.
Rodrigo Lara explicó que esta decisión busca subsanar falencias detectadas en la defensa colombiana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio contra Nicaragua, cuyo fallo en 2012 modificó la delimitación marítima entre ambos países. El ministro cuestionó que la defensa de entonces se sustentara principalmente en el meridiano 82, conforme al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, y subrayó que esta argumentación no fue suficiente para proteger plenamente los intereses nacionales.
Lara recordó que, aunque desde 1978, con la Ley 10, Colombia contemplaba disposiciones para las líneas de base marítimas en su territorio continental, no se había desarrollado un procedimiento formal equivalente para el archipiélago de San Andrés. Por ello, esta iniciativa representa un avance para definir jurídicamente las franjas marítimas. El trazado de líneas de base es fundamental porque de estas se miden las zonas marítimas como aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, contempladas en el derecho internacional.
La controversia histórica con Nicaragua tocó la CIJ tras años de disputas sobre la soberanía insular y la extensión de las aguas territoriales en el Caribe occidental. El fallo de 2012 reconoció la soberanía colombiana sobre las principales islas, pero también otorgó a Nicaragua derechos sobre una importante área marítima, modificando la frontera marítima entonces establecida.
Aunque el nuevo decreto y la definición de líneas de base buscan fortalecer la argumentación colombiana en asuntos marítimos y económicos, el Gobierno advirtió que esta medida no implica una modificación automática ni unilateral del fallo internacional. La efectividad jurídica dependerá de la forma en que esta política sea integrada y defendida ante instancias nacionales e internacionales, así como de la conformidad con las normas del derecho marítimo internacional.
Además, el anuncio se enmarca en una agenda más amplia para el archipiélago, que incluye temas de seguridad marítima, protección de pescadores y el desarrollo socioeconómico regional. La delimitación de las fronteras marítimas es especialmente relevante para las comunidades raizales, cuya vida y actividades dependen del acceso a los recursos marinos y la movilidad en el Caribe.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar en la protección de los espacios marítimos colombianos y fortalecer la protección de sus intereses estratégicos y económicos en el Caribe, en un contexto donde se mantienen abiertas las diferencias con Nicaragua y la necesidad de continuar el diálogo diplomático.
Redacción ColombiaPrensa
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