COLOMBIA, 29 de octubre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas dirigidas a reforzar la seguridad en Bogotá, en particular relacionadas con la migración irregular. Durante su intervención tras el consejo de seguridad celebrado en la capital junto al alcalde Carlos Fernando Galán y autoridades de la Fuerza Pública, el mandatario ordenó a Migración Colombia proceder con la deportación de migrantes venezolanos que se encuentren en condición irregular y que tengan antecedentes delictivos.
El presidente precisó que esta medida se enmarca dentro de las acciones para combatir las estructuras criminales que operan en Bogotá, como el Tren de Aragua y el ELN, que según indicó, amenazan la seguridad y el orden público. De la Espriella anunció además que las intervenciones estarán focalizadas especialmente en localidades como Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, zonas donde persisten altos índices de delincuencia y extorsión, con especial prioridad en la protección de comerciantes y transportadores, identificados como víctimas recurrentes de estas actividades delictivas.
El jefe de Estado hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y la administración distrital para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular, siempre dentro del marco de la ley. La directriz entregada al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, especifica que solo serán deportados aquellos migrantes venezolanos con anotaciones por delitos y que estén delinquiendo, evitando así cualquier acción injustificada contra la población migrante.
Adicionalmente, De la Espriella anunció que se implementarán controles más estrictos en centros penitenciarios para evitar que desde estos se continúe con la organización de actividades criminales como la extorsión. Informó que los delincuentes capturados en Bogotá serán trasladados a prisiones en otros departamentos, con el objetivo de desarticular redes internas de criminalidad.
Otra medida anunciada es el refuerzo del control militar en el corredor de Usme y Sumapaz, zonas consideradas estratégicas para contener la expansión de organizaciones criminales. Según el mandatario, estas acciones permitirán que la Fuerza Pública concentre sus capacidades en operaciones que generen mayor impacto en la seguridad ciudadana.
Estas declaraciones se dieron en el contexto de la reciente operación Kratos, que contó con la participación de más de 1.400 integrantes de la Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. Dicha operación dejó un saldo de 172 capturas y 114 allanamientos, de los cuales 104 detenidos tenían órdenes judiciales y 68 fueron aprehendidos en flagrancia, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la articulación interinstitucional para combatir la criminalidad.
La Presidencia reiteró que todas las acciones relacionadas con la migración irregular y la seguridad deben realizarse dentro del marco legal vigente, procurando un equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Redacción ColombiaPrensa
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