COLOMBIA, 29 de octubre de 2026. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Milagro solicitaron aplazar la sesión de seguimiento y control político programada para el 28 de octubre de 2026, la cual pretendía evaluar la financiación, distribución territorial y ejecución del Plan de Acción Específico (PAE) tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La sesión estaba prevista para realizarse a las 11:00 de la mañana en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, pero las entidades firmantes enviaron una solicitud dirigida a la senadora Norma Hurtado Sánchez y al representante a la Cámara Juan Manuel Londoño Jaramillo para su aplazamiento. Entre los fundamentos expuestos, el Gobierno argumentó que el alcance y volumen de la información requerida por el Congreso demanda un ejercicio de coordinación interinstitucional para entregar una respuesta integral, clara y transparente.
Además, señalaron dificultades para coordinar las agendas de sus altos funcionarios en tan corto plazo, entre ellos el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo; y el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe. Destacaron la necesidad de garantizar su participación presencial para contribuir de manera efectiva al desarrollo de la sesión.
En el documento, las entidades también reiteraron su compromiso con el control político y el diálogo institucional, expresando disposición para asistir a la nueva fecha que defina el Congreso. Señalaron que priorizan brindar la información con la rigurosidad y claridad que el tema demanda y agradecieron la comprensión de los legisladores para reprogramar la citación.
Este seguimiento político busca evaluar los avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, así como la gestión de los recursos asignados a través del Fondo Milagro, el cual fue creado para atender emergencias como esta. La solicitud de aplazamiento evidencia la complejidad administrativa y técnica que implica consolidar datos precisos y de manera coordinada entre las diferentes instancias gubernamentales involucradas.
La iniciativa legislativa es parte de los esfuerzos del Congreso para ejercer su función de control sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia, garantizando transparencia y seguimiento a la reconstrucción en las regiones impactadas.
Redacción ColombiaPrensa
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