COLOMBIA, 2 de noviembre de 2026. El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, ordenó el traslado inmediato de 33 personas privadas de la libertad desde el archipiélago de San Andrés hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en Bogotá. Esta acción se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, con el propósito de desarticular posibles redes delictivas que operaban desde los reclusorios en el territorio insular.
El jefe de Estado, a través de sus canales oficiales, emitió un mensaje claro dirigido tanto a estructuras criminales como a la población carcelaria, reafirmando la política de cero tolerancia frente a cualquier intento de alterar el orden público. De la Espriella afirmó que la autoridad estatal se aplicará con contundencia para impedir coordinaciones delictivas y disturbios desde las cárceles.
En su pronunciamento, el mandatario enfatizó que no se concederán beneficios ni concesiones a quienes hayan infringido la ley. Insistió en que el principal objetivo del Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía por encima de otras consideraciones, advirtiendo que las instituciones del Estado responderán con firmeza frente a cualquier intento del crimen organizado por intimidar a la población o debilitar la presencia estatal en las regiones.
El operativo aéreo masivo forma parte de una estrategia integral de reordenamiento penitenciario orientada a neutralizar focos de extorsión y mando criminal en las cárceles de la región Caribe e insular. El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) recibieron a los internos en Bogotá para su posterior distribución en centros de detención con altos niveles de seguridad, garantizando el aislamiento de los perfiles catalogados como de mayor peligrosidad.
Con esta intervención, el Gobierno Nacional busca restaurar el control institucional absoluto en las prisiones de San Andrés y proteger el archipiélago contra la influencia de grupos al margen de la ley. Además, esta acción confirma la continuidad de las estrategias de seguridad regional impulsadas por la Presidencia, que contemplan traslados estratégicos y la realización de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo el país.