Gobierno expide primera reglamentación integral para el cierre de minas en Colombia

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COLOMBIA, 15 de julio de 2026. El Gobierno nacional promulgó el Decreto 0742 de 2026, que establece la primera reglamentación integral para el cierre de minas en Colombia, marcando un avance significativo en la gestión minera con un enfoque sostenible y socialmente responsable. Esta normatividad representa un marco regulatorio que incorpora aspectos ambientales, laborales, financieros y sociales para la conclusión responsable de los proyectos mineros en el país.

La reglamentación define el cierre minero como una etapa fundamental en el ciclo de vida de los proyectos extractivos, estableciendo modalidades adaptadas a la realidad de cada operación, como cierre progresivo, temporal, anticipado, final y cierre técnico gradual, incluyendo procesos específicos para la pequeña minería y las iniciativas de formalización.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, “este decreto salda una deuda histórica con Colombia, ya que posiciona el cierre de una mina como una responsabilidad integral con trabajadores, comunidades y territorios, asegurando que los proyectos mineros no dejen pasivos ambientales o sociales y que contribuyan a una transición energética justa”.

La norma incorpora por primera vez la articulación entre los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Trabajo, fortaleciendo la gobernanza del sector y asegurando mayor seguridad jurídica para los proyectos mineros. De esta forma, se reconoce el cierre como una política pública que promueve la corresponsabilidad social, ambiental y territorial.

En materia laboral, el decreto establece mecanismos para la protección de los derechos de los trabajadores durante el proceso de cierre minero. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la regulación prevé planes de transición laboral, concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva y capacitación a través del SENA, junto a garantías para el pago de obligaciones laborales y de seguridad social.

“Garantizamos que los trabajadores sean protagonistas en una transición justa, evitando que sean las principales víctimas del cierre de operaciones mineras”, afirmó Sanguino. De esta manera, se busca que la minería responsable incluya un enfoque integral que abarque tanto el bienestar de las personas como la protección ambiental.

Desde la perspectiva ambiental, la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, resaltó que la norma permite que los terrenos ya no utilizados para la actividad minera puedan ser destinados a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, agricultura sostenible, generación de energías renovables, turismo y desarrollo de infraestructura comunitaria compatible con el desarrollo territorial.

La ministra Vélez señaló que “el cierre de minas ha sido una deuda histórica para Colombia, debido a la ausencia de reglas claras que derivó en pasivos sociales y ambientales que impactaron a las comunidades y territorios. Este decreto es un avance para superar el extractivismo y garantizar una gestión responsable y participativa en la minería”.

Este marco regulatorio pone énfasis en la participación activa de las comunidades afectadas por la actividad minera, incorporándolas en los procesos de planificación y seguimiento del cierre. Así, se promueve la construcción de oportunidades económicas y sociales que aseguren un desarrollo sostenible para los territorios impactados.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional consolida una política pública que integra la minería dentro del modelo de transición energética justa del país. Al establecer el cierre como un componente esencial, se fortalece la sostenibilidad de la actividad minera, fomentando esferas productivas alternativas en las regiones mineras y garantizando la protección del ambiente y de la población trabajadora.

El Decreto 0742 de 2026 refleja el compromiso del Ejecutivo con la implementación de una minería responsable y una economía sostenible, que contribuyan al bienestar social, la protección ambiental y la reactivación económica con justicia social en Colombia.

Redacción ColombiaPrensa

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