COLOMBIA, 21 de julio de 2026. Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde del municipio de Villa de Leyva en Boyacá, fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concusión y prevaricato por acción. La investigación señala que el mandatario habría exigido sumas de dinero y favores personales como condición para otorgar licencias de construcción, poniendo en entredicho el uso adecuado de su cargo público.
Según los informes oficiales, los hechos denunciados ocurrieron el 8 de junio de 2025, cuando Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la representante legal de una empresa de inversiones que contratara a Juan Camilo Sánchez Torres, persona allegada al mandatario, para que actuara como asesor en la gestión de permisos y trámites administrativos del proyecto. Sánchez Torres recibió pagos por cerca de 48 millones de pesos a lo largo de once meses, y posteriormente se habría solicitado un incremento en esos honorarios.
La Fiscalía reveló que, en marzo de 2026, el alcalde habría reclamado directamente mediante mensajes de voz un pago adicional de 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor estimado para la ampliación de la licencia de construcción. Aunque esta solicitud fue posteriormente retirada, el alcalde emitió días después una resolución administrativa negativa que suspendió la autorización para ampliar la licencia, acción considerada como presión hacia la solicitante.
Esta decisión tuvo consecuencias directas en el proyecto, ya que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio negó la ampliación de la licencia de construcción. Además, la Inspectoría Segunda de Convivencia y Paz impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los responsables del desarrollo. Por estos hechos, tanto el alcalde como Sánchez Torres están vinculados a proceso judicial por presunta concusión.
Adicionalmente, la situación legal del alcalde se complica con otro proceso abierto por la Fiscalía el 20 de enero de 2026. En este caso, la acusación está relacionada con irregularidades en procesos de contratación pública, particularmente un contrato celebrado en febrero de 2024 con Javier Alexánder Múnevar González, hermano de una exsecretaria de Desarrollo Social local. La imputación incluye presuntos actos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, con presuntas anomalías en los estudios previos a la contratación.
En términos jurídicos, la Fiscalía ha señalado que el delito de concusión implica el abuso de autoridad por parte de un servidor público para exigir pagos u otros beneficios indebidos con fines personales o para terceros, lo que se refleja en la situación investigada contra el alcalde Gamboa Chaparro.
Por su parte, el delito de prevaricato por acción se configura cuando un funcionario público profiere resoluciones arbitrarias en perjuicio de terceros, utilizando su posición para favorecer intereses personales o causar daño injustificado. La Fiscalía sostiene que las decisiones administrativas negativas emitidas por el alcalde en este caso cumplen con esta característica.
La imputación formal de estos delitos marca un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de la función pública en municipios del país. Las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación buscan garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos administrativos vinculados a la gestión pública municipal.
Actualmente, el proceso judicial contra el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro continúa su curso y se espera que las autoridades competentes determinen el alcance legal de las acusaciones y, en consecuencia, las medidas sancionatorias que correspondan conforme a la ley.
Redacción ColombiaPrensa
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