COLOMBIA, 22 de julio de 2026. A pocos días de concluir su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, junto con la bancada del Pacto Histórico, radicó en el Congreso de la República un conjunto de proyectos de ley destinados a impulsar y dar continuidad a las reformas sociales, económicas y ambientales promovidas durante su administración. Esta iniciativa busca establecer un legado legislativo que garantice derechos adquiridos y avance en reformas pendientes de discusión.
Entre las iniciativas radicadas, se destaca la renovación de la Reforma a la Salud, cuyo objetivo central es eliminar la intermediación financiera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), prohibir la integración vertical y asegurar el giro directo de los recursos a clínicas y hospitales. Según el Ministerio de Salud, este modelo facilitará una transición hacia un sistema preventivo y de atención primaria descentralizada que fortalezca la prestación de servicios en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo presentó un proyecto para introducir el concepto de “salario vital” que reemplazaría progresivamente al salario mínimo. Esta remuneración estaría calculada no solo con base en índices de inflación sino en el costo real de una canasta de bienes y servicios que garantice una vida digna para los trabajadores y sus familias. La propuesta también contempla mayores garantías de estabilidad laboral y protección colectiva.
En materia educativa, el Gobierno planteó una reforma integral a la Ley 30 de 1992 para reconocer la educación superior como un derecho fundamental y no como un servicio comercial. La iniciativa busca asegurar financiación estatal permanente que permita aumentar la infraestructura universitaria, ampliar la cobertura gratuita especialmente en regiones históricamente despobladas y fortalecer la autonomía y democracia en las instituciones públicas de educación superior.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta de reforma tributaria progresiva que apunta a que las personas y empresas con mayores ingresos aporten una proporción mayor en impuestos. El proyecto incluye además medidas más estrictas contra la evasión y elusión fiscal, con el fin de financiar los programas sociales y las reformas en curso.
Entre otros proyectos radicados se encuentra la creación de la Jurisdicción Agraria, impulsada por los Ministerios de Agricultura y Justicia, para establecer jueces y tribunales especializados que permitan resolver de forma más expedita y equitativa los conflictos de tierras rurales, favoreciendo la democratización del campo y la protección de los campesinos.
El Ministerio de Vivienda llevó al Congreso también una propuesta para la Ley de Gestión Comunitaria del Agua, que reconoce y protege jurídicamente a los acueductos comunitarios y a las organizaciones étnico-territoriales encargadas de administrar el agua en zonas rurales y periurbanas. Esta ley pretende desmonopolizar el servicio, garantizar subsidios estatales y priorizar la conservación de cuencas hídricas bajo un enfoque de acceso al agua potable como derecho humano fundamental.
En materia ambiental, los Ministerios de Ambiente y Minas radicaron un proyecto para prohibir expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales, incluyendo la técnica de fracking. El argumento es que estas técnicas representan un riesgo irreversible para las fuentes de agua subterránea, aumentan la posibilidad de eventos sísmicos y están en contradicción con los compromisos nacionales de transición energética y mitigación del cambio climático.
Finalmente, el Ministerio de Ciencias presentó nuevamente una iniciativa para regular éticamente el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Colombia. El proyecto plantea un marco estricto en derechos humanos, soberanía de datos y protección ciudadana que permita una aplicación responsable de estas tecnologías, garantizando la autonomía de la información y la infraestructura tecnológica nacional.
Con la entrega formal de este paquete legislativo, el trámite de cada una de estas ocho iniciativas queda a disposición del nuevo Congreso de la República, que deberá definir su viabilidad, debatirlas y decidir sobre su posible aprobación en las diferentes comisiones parlamentarias.
Redacción ColombiaPrensa
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