COLOMBIA, 8 de septiembre de 2026. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció la reactivación de la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, mediante un plan piloto que será implementado en el departamento del Putumayo entre el 12 y el 17 de septiembre de 2026. Tras la derogación de la Resolución 6 de 2015, que mantenía suspendida esta práctica, el Ejecutivo informó que se utilizará el herbicida glufosinato de amonio como alternativa al glifosato, buscando reducir el impacto en la salud humana.
La puesta en marcha definitiva del programa de aspersión aérea dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional de Colombia. Esta entidad ha puesto especial atención en garantizar que la reanudación de estas labores no menoscabe los derechos fundamentales de las comunidades rurales, especialmente en áreas con presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Condiciones impuestas por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, mediante sentencias como la T-236 relacionada con el Caso Nóvita, exige un riguroso marco de garantías para reactivar la fumigación aérea. Entre las principales condiciones se encuentran:
– La realización de consultas previas obligatorias con las comunidades indígenas, afrodescendientes y étnicas establecidas en las zonas de influencia directa del plan piloto.
– Presentación de evidencia científica independiente que demuestre que el glufosinato de amonio no representa un riesgo para la salud humana ni genera daños ambientales irreparables.
– Evaluación y aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de un plan de manejo ambiental estricto, que garantice la exclusión de áreas protegidas, parques naturales, resguardos indígenas y cuencas hídricas esenciales.
– Mecanismos claros y accesibles para que las comunidades accedan a la información sobre el monitoreo ambiental y de salud pública relacionado con la aspersión aérea.
Reacciones en Putumayo
La elección del Putumayo como zona piloto ha generado diversas reacciones entre la población local, incluyendo líderes comunitarios, campesinos y organizaciones indígenas. Entre las preocupaciones más destacadas están:
– El posible impacto negativo en la soberanía alimentaria, ya que el desplazamiento del herbicida por el viento podría afectar cultivos lícitos de uso doméstico como plátano, yuca y cacao, esenciales para la economía rural de subsistencia.
– La protección de las fuentes hídricas, con alerta frente a la posible contaminación de cuencas que abastecen a distintas comunidades en la región amazónica.
– Las advertencias de sectores científicos y ecologistas sobre la falta de estudios detallados acerca del impacto del glufosinato de amonio en ecosistemas de alta biodiversidad, sugiriendo que podría ser incluso más agresivo que el glifosato.
– La vigilancia activa de resguardos indígenas, como la comunidad Nasa, quienes han expresado su intención de defender los derechos territoriales y garantizar el cumplimiento de consultas legítimas, a la vez que rechazan acciones unilaterales sin el debido proceso institucional.
El plan piloto de cinco días servirá como prueba fundamental para evaluar la viabilidad de la aspersión aérea en consonancia con las exigencias constitucionales y las expectativas sociales en la región.
La información fue reportada por el portal Mi Putumayo, fuente que ha dado seguimiento a este proceso bajo la supervisión de la Corte Constitucional y las diferentes instancias gubernamentales nacionales.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.