COLOMBIA, 3 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la Nación estableció los lineamientos para una posible negociación con Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, en el marco de la investigación por presunta violación de los topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Este escenario se dio luego de un encuentro el pasado 30 de julio en el Búnker de la Fiscalía entre Roa y el fiscal delegado contra la corrupción, Elkin Ardila Espinosa. En la reunión, que tuvo una duración aproximada de treinta minutos, el exfuncionario manifestó su disposición a colaborar y evaluar un mecanismo de terminación anticipada dentro del proceso judicial.
El fiscal explicó a Roa que las opciones legales para esta negociación son dos: el preacuerdo, que implica allanarse a los cargos a cambio de reducción de pena, o el principio de oportunidad, que suspende la acción penal bajo el compromiso de aportar información como testigo contra otros presuntos responsables. El exgerente de campaña habría mostrado interés en esta segunda alternativa.
Sin embargo, se le aclaró que para iniciar el proceso de negociación debe formalizar esta voluntad mediante una comunicación escrita en la que acepte responsabilidad y manifieste su intención de colaborar. Además, deberá someterse a un interrogatorio para aportar información y evidencias relevantes que permitan a la Fiscalía determinar la viabilidad de un acuerdo y sus condiciones.
Esta información tiene particular importancia para las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, especialmente relacionadas con funcionarios con fuero. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya avanzó en el proceso administrativo y aplicó las sanciones correspondientes.
En caso de que la negociación no prospere, Roa enfrenta el llamado a juicio por el delito de violación de los topes establecidas para gastos en campañas electorales, que contempla penas de cuatro a ocho años de prisión. Según fuentes judiciales, la Fiscalía prepara el escrito de acusación, el cual será presentado próximamente ante el juez del circuito de conocimiento, proceso que no impediría continuar con una negociación hasta antes de iniciar juicio oral.
Cabe destacar que durante las audiencias preliminares celebradas en mayo, Roa negó su responsabilidad y se declaró inocente. Su defensa, consultada sobre el encuentro del 30 de julio, manifestó no tener conocimiento del mismo.
El origen de esta investigación judicial se sustenta en la compulsa de copias realizada en noviembre pasado por el Consejo Nacional Electoral, que remitió a la Fiscalía documentos y soportes contables relacionados con las campañas. El proceso judicial se basa en evidencias y pruebas contables recopiladas por el CNE bajo la supervisión de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz.
En cuanto a los datos, la Fiscalía identificó un exceso en gastos reales durante la campaña presidencial de 2022 superior a 1.664 millones de pesos respecto de los topes legales. En la primera vuelta, se detectaron gastos por 29.924 millones de pesos, superando el límite de 28.536 millones en 1.388 millones de pesos. En la segunda vuelta, los gastos alcanzaron 13.623 millones, sobrepasando el tope de 13.347 millones en 276 millones de pesos.
Paralelamente, la Fiscalía también lo citó a juicio por un caso de presunto tráfico de influencias, vinculado con direccionamiento de contratos en Ecopetrol para favorecer a un empresario cercano a un coronel en retiro. La audiencia de acusación por este caso está programada para el próximo 20 de agosto y no fue objeto de discusión en la reciente reunión con el fiscal delegado contra la corrupción.
La Fiscalía continúa avanzando en la consolidación de los procesos judiciales y mantiene abiertas las puertas para que Roa evalúe su ruta procesal, ya sea mediante negociación o enfrentando juicio en el sistema judicial colombiano.
Redacción ColombiaPrensa
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