COLOMBIA, 11 de agosto de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta una dura prueba tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, dejando al menos 224 personas fallecidas y daños materiales significativos, según cifras oficiales.
Tres días después de asumir la Presidencia, De la Espriella declaró la emergencia nacional para agilizar la adopción de medidas excepcionales orientadas a atender la crisis. Este mecanismo permite la redistribución de recursos estatales y la expedición de decretos con fuerza de ley durante 60 días para responder ante la situación.
El epicentro del sismo se ubicó en el departamento del Chocó, donde el mandatario anunció subsidios temporales de arriendo para las familias afectadas por la destrucción de viviendas. Hasta la fecha, se reportan 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados y 8.357 viviendas con daños.
La respuesta inmediata incluyó la activación de los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), fundamentales para localizar personas atrapadas bajo los escombros durante las primeras 72 horas. Se ha destacado la coordinación entre la Administración central y los gobiernos locales para la atención rápida y la posterior reconstrucción.
El presidente designó a David Santiago Tamayo como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en sustitución de Javier Pava, en medio de la crisis y tras la suspensión de la transición de poder con la administración anterior.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció en Pereira, una de las ciudades más afectadas, la instalación de un hospital de campaña y la movilización de insumos médicos, carrotanques, plantas eléctricas y combustible. Además, se espera el apoyo de 65 rescatistas de Antioquia y unidades militares especializadas para labores de atención y rescate.
Expertos consultados por France 24 destacaron que Colombia cuenta desde 2012 con un sistema nacional de gestión del riesgo que integra las capacidades de los gobiernos en distintos niveles, y una normativa sismorresistente robusta, como la NSR-10, que establece criterios exigentes de construcción según la amenaza sísmica en diferentes zonas del país.
La Ley 400 de 1997 permitió la implementación de estándares que garantizan que los edificios puedan soportar temblores moderados y fuertes sin sufrir colapso, aunque pueden experimentar daños estructurales menores. Las ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga y Pasto están en la zona de mayor riesgo sísmico, mientras que Bogotá y Medellín se encuentran en una zona intermedia.
Sin embargo, cerca del 52 % de los edificios se construyeron antes de la norma NSR-10 y aproximadamente tres de cada cinco viviendas se edificaron de manera informal, sin licencia. Esta situación representa un reto para la mitigación de riesgos ante desastres naturales.
La ingeniera civil Gina Villalobos, PhD en Ciencias de la Tierra y Sismología, señaló la necesidad de fortalecer la educación ciudadana y las capacidades de mitigación de riesgos, especialmente en zonas urbanas y rurales con alta amenaza sísmica. Además, aclaró que los recientes terremotos en la región, incluyendo los ocurridos en Venezuela y México, no están relacionados geológicamente con el ocurrido en Colombia.
La administración de Abelardo de la Espriella se encuentra en plena coordinación con autoridades regionales y organizaciones civiles para enfrentar las etapas de atención, rescate y reconstrucción que exige esta emergencia, marcada por una sociedad que, según expertos, presenta altos niveles de polarización tras la reciente elección presidencial.
Fuente: RPP Noticias / France 24
Redacción ColombiaPrensa
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