COLOMBIA, 11 de agosto de 2026. El Consejo de Estado admitió formalmente una demanda de nulidad electoral presentada por David Fernando Cano Mazuera contra la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, así como contra José Manuel Restrepo, elegido como vicepresidente. La decisión fue comunicada el 4 de agosto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La demanda argumenta que el juramento de lealtad realizado por De La Espriella al obtener la ciudadanía estadounidense, conocido como “Oath of Allegiance”, es incompatible con las funciones presidenciales, en especial por ser el comandante supremo de la fuerza pública colombiana. Según el demandante, esta condición podría generar un conflicto de lealtades y afectaría su capacidad de cumplir el juramento constitucional presidencial establecido en el artículo 192 de la Carta Política.
No obstante, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la elección. De La Espriella podrá posesionarse el próximo 7 de agosto, dado que en esta fase inicial no se evidenció una violación manifiesta de la ley que justifique la medida cautelar solicitada por Cano para suspender la credencial presidencial de manera inmediata.
El tribunal explicó que la doble nacionalidad no representa una causa de inhabilidad para acceder a la presidencia en el caso de colombianos por nacimiento. Además, señaló que el juramento presidencial es una formalidad para tomar posesión y no un requisito de elegibilidad o impedimento legal para ser elegido. La Sala recordó que el artículo 191 de la Constitución, que establece las condiciones para ser presidente, no exige renunciar a otras nacionalidades ni limita la elección a quienes tengan exclusivamente la nacionalidad colombiana.
El Consejo de Estado precisó que, si bien existe un vínculo jurídico con otro Estado al tener doble nacionalidad, el cumplimiento de la Constitución colombiana es el parámetro válido para ejercer el cargo. Cualquier posible incumplimiento de deberes presidenciales relacionados con dicha situación sería competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no de la jurisdicción electoral en este proceso.
También se destacó que los derechos políticos no se pierden automáticamente por obtener una nacionalidad extranjera y que toda interpretación restrictiva que limite la participación en cargos públicos podría afectar la estabilidad democrática y el derecho fundamental de participación ciudadana.
Aspectos procesales y pruebas
En cuanto a la demanda presentada, el Consejo de Estado detectó deficiencias probatorias, pues se aportaron documentos en inglés, como el formulario N-400, sin la traducción legalmente exigida según el Código General del Proceso. Además, se presentó un modelo de formulario en blanco, sin firmas ni certificaciones oficiales que lo vinculen directamente con De La Espriella.
El demandante también allegó noticias de prensa y videos de ruedas de prensa, pero el tribunal indicó que estas publicaciones no reemplazan las certificaciones oficiales necesarias para sustentar la demanda. La admisión de la demanda da inicio a la etapa de contestación por parte de los demandados, que incluyen el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El proceso continuará en única instancia, garantizando el derecho de contradicción y la práctica de las pruebas conducentes para esclarecer el fondo de la controversia. Por ahora, el fallo no afecta la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente para el periodo 2026-2030.
Esta información fue recogida y sintetizada a partir de la publicación de Portafolio, destacando el marco normativo y jurídico que rodea el caso y las implicaciones que la doble nacionalidad representa en los cargos públicos según la interpretación del Consejo de Estado.
Redacción ColombiaPrensa
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