COLOMBIA, 14 de agosto de 2026. El reciente terremoto de magnitud 7,4, cuya epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, ha generado una emergencia nacional que afecta a 15 departamentos y 426 municipios, dejando un saldo oficial de 284 muertos, 3.977 heridos y 379 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El impacto del sismo ha sido severo en la infraestructura, con 84.360 viviendas afectadas, de las cuales 12.597 fueron destruidas completamente. También resultaron afectados 240 centros de salud, 2.205 centros educativos, 210 vías, 73 acueductos y 44 puentes vehiculares, afectando el tejido productivo y generando gran presión para la administración pública en labores de reconstrucción.
La propuesta para fortalecer la reconstrucción
Ante esta situación, sectores políticos, gremiales y territoriales han solicitado al Gobierno Nacional activar y flexibilizar el mecanismo de Obras por Impuestos como una herramienta crucial para afrontar la recuperación en las zonas afectadas. La senadora Julia Correa Nuttin, del Centro Democrático, formalizó la propuesta para ampliar esta figura, y el gerente de Grupo Argos confirmó que el Gobierno estudia su posible aplicación para esta emergencia.
Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), presidida por Julián Sánchez, presentó una estrategia para maximizar el uso de este instrumento. La propuesta consiste en permitir que las empresas obligadas a declarar renta puedan destinar hasta el 50 % de su impuesto a cargo para ejecutar proyectos de reconstrucción en los municipios afectados, en forma excepcional y sin restringirse exclusivamente a territorios con programas específicos.
Mecanismo actual de obras por impuestos
Actualmente, el mecanismo está limitado a municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC). Obras por Impuestos permite a personas naturales o jurídicas cumplir obligaciones tributarias a través de inversiones en proyectos que generan impacto social y económico en zonas con altos niveles de pobreza y violencia.
Este instrumento, regulado por los decretos 1650 y 893 de 2017 y el Decreto 1625 de 2016, es coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) con apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ministerios sectoriales.
Funcionamiento y sectores elegibles
El mecanismo opera bajo dos modalidades: la Opción Fiducia y la Opción Convenio, donde los contribuyentes presentan proyectos individuales o conjuntos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión. Estos deben superar etapas de prefactibilidad y contar con la viabilidad de la entidad nacional competente.
Las áreas de inversión autorizadas incluyen salud y educación pública; agua potable y saneamiento; energía y conectividad; infraestructura de transporte y productiva; bienes públicos rurales; adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, así como infraestructura cultural y deportiva.
Impulso integral para la reconstrucción
La iniciativa de Fedemunicipios forma parte de un paquete de seis estrategias para atender la emergencia. Entre estas se cuentan también el uso extraordinario de recursos del Sistema General de Participaciones y la flexibilización de regalías, con el objetivo de dotar de liquidez inmediata a las administraciones locales.
Así, se busca que la inversión privada pueda ser un actor clave en proyectos de recuperación de infraestructura residencial, comercial y vial, ampliando los alcances de las obras por impuestos más allá de las zonas tradicionalmente beneficiadas.
Este planteamiento adquiere especial relevancia en el contexto de la magnitud de la emergencia y la necesidad de acelerar la recuperación para minimizar las afectaciones sociales y económicas que enfrenta el país tras el sismo.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.