COLOMBIA, 24 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la Nación programó una nueva indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con hechos ocurridos hace tres décadas en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia. Estos sucesos marcaron uno de los capítulos más violentos de la región, en el contexto de la incursión paramilitar que afectó varias comunidades entre 1996 y 1998.
De acuerdo con declaraciones entregadas por exparamilitares como Salvatore Mancuso, durante ese periodo se cometieron aproximadamente 150 asesinatos, incluyendo masacres como la de La Granja y hechos como la quema del pueblo de El Aro. En este contexto, también fue asesinado el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denuncia haber alertado al entonces gobernador de Antioquia sobre los riesgos y la actividad criminal paramilitar en la zona.
La Fiscalía ha mantenido un expediente abierto para esclarecer el papel del expresidente Uribe durante su gestión como gobernador en esos años, sin que hasta el momento se haya concretado un avance decisivo. Cabe destacar que Santiago Uribe, hermano del expresidente, fue condenado por su participación en la estructura paramilitar que operó en esa región.
Uno de los principales testimonios en este caso provenía de Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido como alias Cristian Barreto, quien aseguró haber participado en reuniones donde se planearon las masacres y denunció la presencia de los hermanos Uribe Vélez en dichas reuniones, que al parecer se realizaron en la Cuarta Brigada del Ejército. Villalba afirmó además haber entregado grabaciones a la Fiscalía, aunque lamentablemente fue asesinado bajo custodia domiciliaria en 2008, un hecho que ha sido considerado parte de un complot para desvirtuar su testimonio.
El fotoperiodista Jesús Abad Colorado, quien documentó en su momento la llegada a El Aro, recordó la denuncia hecha por Jesús María Valle sobre el apoyo de la Cuarta Brigada del Ejército al paramilitarismo. Asimismo, mencionó el rechazo expresado por líderes paramilitares como Carlos Castaño hacia quienes reportaban esos hechos.
En palabras de Alfredo Molano, quien en un artículo de opinión publicado el 23 de agosto de 2026 en Cambio Colombia, destacó la prolongada impunidad y ausencia de justicia en este caso, pese a contar con documentos, declaraciones y testimonios clave que incluyen las versiones de importantes actores del conflicto armado.
Después de ocho fiscales generales y múltiples investigadores, la investigación parece avanzar lentamente, con aplazamientos y cambios en las responsabilidades, mientras la justicia pendiente sigue siendo una demanda para las víctimas y familiares que padecieron el impacto de estos hechos en el norte de Antioquia.
La cita de indagatoria a Álvaro Uribe está prevista en el marco del interés de la Fiscalía por aclarar su posible responsabilidad o actuación durante su administración en la gobernación, pero hasta la fecha el expresidente no ha respondido a estas convocatorias y aspectos del expediente permanecen pendientes de establecer con precisión.
El caso continúa siendo una deuda para la justicia colombiana en cuanto a la investigación sobre el paramilitarismo y la participación de actores políticos e institucionales en el conflicto armado, con amplias repercusiones en la memoria histórica y los procesos de verdad y reparación en el país.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.