COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. El Gobierno nacional anunció la presentación ante el Congreso de la República de un nuevo estatuto antiterrorista que busca establecer una lista nacional de organizaciones terroristas y crear un régimen especial para los grupos que allí sean incluidos. La información fue ofrecida por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien además aclaró que los operativos dirigidos contra migrantes se enfocarán en extranjeros en situación irregular y en redes criminales vinculadas a actividades ilícitas, excluyendo a los venezolanos que cuentan con estatus migratorio regularizado.
El estatuto responde a un vacío en la legislación colombiana, expuso el ministro Lara, al precisar que actualmente no existe una definición jurídica específica para organizaciones terroristas ni un mecanismo formal para clasificarlas y aplicar tratamientos diferenciados por parte de las autoridades. Con esta iniciativa se creará un sistema oficial de lista que facilitará la identificación y aplicación de medidas más rigurosas frente a estas estructuras criminales.
Entre los componentes planteados en el proyecto se incluyen disposiciones penitenciarias especiales, causas de agravación para ciertos delitos y nuevas herramientas legales para enfrentar a grupos catalogados como de alto riesgo. Lara destacó que el régimen penitenciario y los instrumentos jurídicos aplicables estarán diseñados para responder a la gravedad y capacidad criminal que presentan estas organizaciones consideradas terroristas.
Medidas contra minería ilegal vinculada al terrorismo
El estatuto también contempla un endurecimiento del tratamiento legal para actividades económicas asociadas a estas organizaciones, en particular la minería ilegal. El ministro mencionó la posibilidad de establecer categorías específicas como “gran minería ilegal” y “gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas”, con el fin de reforzar la capacidad del Estado para combatir esta fuente de financiación ilícita.
Aunque el listado definitivo de organizaciones terroristas será resultado del mecanismo que implemente el estatuto, el Gobierno considera actualmente como tales a las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia. La propuesta busca que esta clasificación tenga efectos jurídicos concretos más allá de un reconocimiento político o de seguridad, otorgando herramientas legales específicas para garantizar el orden y la justicia.
Operativos contra migrantes en situación irregular
En paralelo a la presentación del estatuto, el ministro del Interior precisó que los operativos contra migrantes irregulares estarán enfocados en aquellos extranjeros sin estatus legal que se encuentren en Colombia, en especial las personas vinculadas a actividades ilícitas y las redes criminales que obtienen beneficios económicos mediante el tráfico y la trata de migrantes. Este enfoque excluye a los venezolanos que ingresaron en los años más críticos de la crisis migratoria (2019-2021) y que cuentan con permisos de regularización, tales como el Permiso por Protección Temporal.
Lara recordó que gran parte de esa población ha retornado a su país de origen mientras otra ha permanecido e integrado al territorio nacional con pleno acceso a servicios sociales y públicos. Por ello, la política se orienta a combatir a las redes criminales transnacionales y las actividades ilegales vinculadas con la entrada irregular de migrantes, especialmente en zonas como el Tapón del Darién.
Con estos dos frentes, el Gobierno busca fortalecer la estrategia de seguridad nacional mediante nuevas herramientas legales y operativos enfocados en la protección del orden público y la lucha contra el crimen organizado. Ahora el estatuto antiterrorista deberá ser discutido y aprobado en el Congreso, donde se definirán los detalles sobre la lista de organizaciones, los criterios de inclusión y las normas especiales que regirán estas medidas.
Redacción ColombiaPrensa
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