COLOMBIA, 27 de agosto de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a través de sus redes sociales la ejecución de un operativo militar denominado operación Amón en el departamento del Guaviare, dirigido contra una facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.
Según informó el mandatario en su cuenta oficial de X, la acción de la Fuerza Pública se desarrolló en la madrugada del jueves 27 de agosto en la zona rural de El Retorno, específicamente contra campamentos identificados como pertenecientes al Bloque Jorge Suárez Briceño, uno de los grupos conformantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias.
El balance preliminar de la operación, descrito por De la Espriella, arrojó un total de ocho personas fallecidas y la incautación de once fusiles y cinco ametralladoras, además de abundante material de intendencia, tras un bombardeo de precisión y posteriores acciones de comandos militares:
“Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, señaló el presidente.
El jefe de Estado remarcó que las operaciones continuarán y que las tropas del Ejército Nacional seguirán avanzando en la consolidación territorial:
“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.
Esta información se suma a otros recientes movimientos militares ordenados por la administración de De la Espriella, incluyendo un bombardeo realizado el 11 de agosto en Catatumbo (Norte de Santander) contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esa ocasión, la operación Beta destruyó campamentos y material bélico, aunque la Defensoría del Pueblo reportó afectaciones a la población civil y desplazamientos forzados.
La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el impacto humanitario de estas acciones y ha hecho un llamado para que la planeación y ejecución de operaciones militares cumpla con los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, y ha anunciado la continuidad de su monitoreo y apoyo a las comunidades afectadas.
El mandatario colombiano había anticipado la comunicación oficial de estos resultados horas antes, señalando que la ofensiva contra el crimen no cesará y remarcando el compromiso de su gobierno con la seguridad y la consolidación del orden en las zonas afectadas por la violencia armada.
De esta manera, la gestión de Abelardo de la Espriella marca un giro en la estrategia de seguridad respecto a administraciones anteriores, haciendo uso de la capacidad aérea y operaciones militares desde las primeras semanas de gobierno para enfrentar a grupos armados ilegales en el país.
Redacción ColombiaPrensa
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