COLOMBIA, 27 de agosto de 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes en su rueda de prensa matutina que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, se separará definitivamente de su cargo. La decisión se conoce después que el gobernador retomara sus funciones, tras una licencia temporal iniciada el 1 de mayo, por la orden judicial estadounidense que solicitó su arresto y extradición por supuestos lazos con el cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “Chapo” Guzmán.
Sin embargo, Rocha Moya sólo estuvo en funciones por 32 horas antes de enfrentar el rechazo unánime del gobierno federal y del oficialismo en México. La presidenta calificó como “imprudente” su regreso y manifestó que, estando bajo investigación, lo más recomendable es la separación definitiva del cargo. “No sé qué llevó al gobernador con licencia a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él”, afirmó Sheinbaum.
Esta separación definitiva fue ratificada con el voto unánime del Congreso local el domingo pasado para que el gobernador se alejara formalmente de sus responsabilidades, y se espera la designación de un gobernador interino. El mandato de Rocha Moya correspondía al periodo hasta octubre de 2027. La mandataria expresó además la necesidad de garantizar la gobernabilidad en Sinaloa y la correcta realización de las elecciones locales previstas para junio de 2027.
La situación de Rocha Moya ha generado gran rechazo público, manifestado en protestas frente al Palacio de Gobierno de Culiacán, capital del estado. Los manifestantes expresaron su oposición con lemas como “Fuera Rochismo” y demandaron su salida definitiva del poder.
Además del gobernador, nueve políticos cercanos también han sido acusados de vínculos con el cártel de Sinaloa, enfatizando la complejidad y gravedad del caso que involucra a sectores del poder regional con el narcotráfico.
Según la fuente NTN24, esta decisión de la presidenta Sheinbaum subraya la postura del gobierno mexicano frente a la corrupción y la criminalidad, destacando la separación de funcionarios públicos que estén bajo investigación por delitos graves, para preservar la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Redacción ColombiaPrensa
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