COLOMBIA, 16 de noviembre de 2026. La Fiscalía General de la Nación anunció el archivo de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en la actuación penal. La decisión, firmada por Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se fundamenta en la falta de elementos probatorios que acrediten el supuesto pago a exintegrantes de grupos paramilitares para modificar sus testimonios.
El proceso judicial, que se inició en 2018 tras una orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, se centró en indagar si Uribe había influenciado la declaración de antiguos paramilitares a través de compensaciones económicas o negocios inmobiliarios con la finalidad de alterar la verdad judicial. Sin embargo, la fiscalía concluyó tras un profundo análisis que no se encontraron evidencias que vinculaban al expresidente con tales actos.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía examinó detalladamente la información entregada por Sierra García, persona que había señalado pagos dirigidos a alterar testimonios. El despacho judicial determinó que dichas afirmaciones carecían de respaldo documental y se basaban en percepciones y rumores sin fundamento verificable.
Para corroborar la legalidad y origen de las operaciones financieras y patrimoniales vinculadas al caso, la Fiscalía trabajó en articulación con entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. Entre las diligencias se revisaron negocios inmobiliarios en el municipio de Cimitarra, Santander, relacionados con un tercero, Gabriel Muñoz Ramírez, incluyendo escrituras, títulos de propiedad y movimientos económicos utilizados para subsanar hipotecas, sin que se encontrara evidencia de ilegalidad o relación con sobornos.
Asimismo, la correspondencia entre fechas de transacciones y declaraciones no mostró relación temporal o causal que sustente las acusaciones de compra de testigos. La fiscal delegada también aclaró que las imputaciones relacionadas con fraude procesal sobre terceras personas ya habían sido abordadas y evaluadas en procesos judiciales previos, lo que imposibilita nuevas consideraciones legales sobre esos hechos.
El antecedente de esta investigación se remonta a febrero de 2018, cuando la misma Corte Suprema decidió no investigar al senador Iván Cepeda Castro e indicó que la Fiscalía indagara a Uribe por posible manipulación de testigos. Tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, la competencia de la investigación pasó plena y directamente a la Fiscalía, que adelantó las respectivas indagaciones.
Con este archivo, la justicia señala que no existieron elementos probatorios suficientes que establezcan la responsabilidad del expresidente en la supuesta compra de testimonios, dejando sin efecto la indagación abierta hace más de ocho años en torno a estas acusaciones. El cierre oficial de la investigación supone un paso definitivo en un proceso que ha sido de alto perfil y seguimiento público en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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