COLOMBIA, 8 de septiembre de 2026. El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, expresó su desacuerdo tras la decisión de un juzgado de Bogotá que declaró improcedente la tutela que interpuso contra el alcalde Federico Gutiérrez por publicaciones realizadas en la red social X.
La tutela buscaba protección frente a señalamientos públicos en los que Gutiérrez vinculó a Quintero con una presunta estructura dedicada al supuesto saqueo de la ciudad, y que lo calificó con términos como “jefe de la banda”, “corrupto” y líder criminal. Quintero argumentó que estas afirmaciones lesionaban sus derechos a la honra, dignidad, presunción de inocencia y al derecho de rectificación, resaltando que no existe ninguna condena ejecutoriada en su contra.
La justicia remitió el caso a Medellín, donde se consideró que el conflicto se desarrolla en un contexto político y en medio de opiniones difundidas por redes sociales. Además, el juzgado indicó que Quintero dispone de vías legales ordinarias para denunciar posibles delitos y que antes de acudir a la tutela podría solicitar que X eliminara los contenidos ambiguos. El despacho judicial no reconoció un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente.
Quintero, mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, manifestó que los señalamientos públicos han generado un riesgo para él y su familia, cuestionando la efectividad de los procesos penales para resolver el “riesgo latente” derivado de discursos políticos que, a su juicio, representan una campaña de odio sistemático en su contra. Añadió que las calumnias permanentes y reiteradas han continuado a pesar de la anulación de un proceso penal en su contra.
El exfuncionario comparó la situación con antecedentes de violencia política en Colombia y Europa, mencionando específicamente la persecución de la Unión Patriótica y de los judíos durante el régimen nazi, y enfatizó el abuso de poder de Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella al emitir dichos señalamientos públicos.
Quintero también denunció que las acusaciones han fomentado agresiones físicas en espacios públicos y que su familia ha debido salir del país por razones de seguridad. Expresó interrogantes sobre el alcance de la tutela y el deber de protección del Estado frente a situaciones que afectan a ciudadanos y sus familias.
La tutela, sin impugnación, será remitida a la Corte Constitucional para su revisión. Este caso refleja tensiones políticas entre figuras públicas con impacto en la esfera nacional y discusión sobre límites en discursos políticos frente a derechos fundamentales.
Fuente: Infobae Colombia, 8 de septiembre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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