COLOMBIA, 8 de septiembre de 2026. La ministra de Educación designada, Viviane Morales, salió al paso a las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto al financiamiento de las universidades públicas, en el marco de la reglamentación de la reforma educativa que modificó el esquema para la educación superior estatal en Colombia.
El debate entre Morales y Petro se dio a partir de la necesidad de reglamentar los cambios introducidos por la Ley 2568 de 2026, que actualizó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual regula el modelo de recursos para las instituciones públicas de educación superior.
Durante una entrevista con Noticias Caracol, la ministra designada afirmó que las universidades públicas atraviesan una “asfixia financiera”, afirmando que, pese a la modificación legal, el próximo Gobierno debe encargarse de definir los detalles para aplicar correctamente el nuevo modelo de financiación.
Por su parte, el presidente Petro respondió a través de su cuenta en X, señalando que la fórmula vigente, desarrollada durante su mandato, permite ampliar la cobertura y mantener cupos adicionales en la educación superior pública. Petro advirtió que una interpretación errónea o cambios al modelo podrían afectar la continuidad y expansión de la universidad pública gratuita en el país.
Ante estas afirmaciones, Viviane Morales respondió con un mensaje claro: “Deje de confundir”, recordando que la ley aprobada es distinta a su reglamentación, proceso que debe establecer las pautas para implementar y monitorear de manera efectiva los nuevos criterios de financiación.
Detalles de la reforma educativa y su reglamentación
La Ley 2568 de 2026 representa un cambio importante en el sistema de financiación para las universidades oficiales, pues elimina el cálculo de aportes basado exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece que deben tener en cuenta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), indicador que refleja más ajustadamente los gastos específicos del sector.
Además, la normativa contempla recursos adicionales destinados a mejorar el acceso, la permanencia, la graduación y a cerrar brechas territoriales, así como a fortalecer la calidad educativa. Sin embargo, la aplicación práctica de estos criterios depende de una reglamentación detallada que aún está pendiente.
Morales puntualizó que el Ministerio de Educación ya había avanzado con un proyecto de decreto para reglamentar esta ley, y añadió que será responsabilidad del nuevo Gobierno continuar con este proceso para evitar el colapso financiero que actualmente enfrentan algunas instituciones públicas.
Reacción del gobierno actual y futuro
Desde la presidencia, Petro defendió la reforma como una apuesta central a la política educativa de su administración, enfatizando que los ajustes en el modelo de financiación han contribuido a ampliar la gratuidad y cobertura en la educación superior pública.
El mandatario hizo un llamado a estudiantes y comunidades universitarias para que resguarden los avances logrados y advirtió que modificaciones intempestivas en la reglamentación podrían desvirtuar los beneficios alcanzados, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo estatal.
La ministra designada, en contraste, enfatizó la importancia de una reglamentación transparente y precisa que permita que los recursos se asignen adecuadamente y se garantice la viabilidad fiscal de las universidades, el acceso equitativo a la educación y la calidad académica.
Este intercambio evidencia la relevancia que tiene la reglamentación de la Ley 2568 de 2026 en el presente y futuro del sistema de educación superior pública en Colombia, un proceso que requerirá consenso y supervisión por parte del próximo Gobierno para responder a las necesidades financieras y sociales del sector.
Fuente: KienyKe
Redacción ColombiaPrensa
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