COLOMBIA, 10 de septiembre de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que durante casi once años había restringido el porte de armas en Colombia. Esta modificación se oficializó con la publicación del Decreto 1368 el martes 8 de septiembre y entró en vigor el miércoles 9 de septiembre, según informó la agencia France 24.
La medida cumple una promesa central de la campaña presidencial de De la Espriella, quien defendió que los ciudadanos que cumplen la ley deben contar con las mismas condiciones de defensa frente a delincuentes armados ilegalmente. En sus declaraciones, el presidente afirmó que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”.
El decreto no establece un derecho general al porte de armas, sino que termina con la suspensión general vigente desde 2015 y permite que vuelvan a tener vigor los permisos individuales de porte vigentes. Esto implica que no se convierte en un sistema de armas de libre acceso, sino que solo recuperan validez quienes cuentan con la autorización individual para portar armas, la cual está regulada por requisitos estrictos en las normativas colombianas.
Distinción entre tenencia y porte
La legislación colombiana diferencia entre la tenencia y el porte de armas. La tenencia autoriza conservar un arma en un lugar determinado, mientras que el porte es el permiso para llevarla encima en espacios públicos. El levantamiento de la suspensión afecta fundamentalmente a quienes tenían permisos vigentes para porte, los cuales habían perdido vigencia práctica desde 2015 por la restricción general impuesta.
No se reinstalan automáticamente permisos vencidos, cancelados, revocados o suspendidos, ni se permite portar armas sujetas a medidas judiciales o de decomiso. Se calcula que existen aproximadamente 700.000 armas legales con permisos de tenencia y porte en el país, siendo esta medida especialmente relevante para quienes ya tenían autorizaciones.
Cambios y continuidad en la regulación
Desde 2015, gobiernos como los de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro mantuvieron la suspensión general del porte como una política de seguridad pública orientada a reducir la circulación de armas legales entre civiles para contribuir a la disminución de homicidios. Bajo esta regulación, solo era posible solicitar autorizaciones especiales limitadas para portar armas.
El Decreto 1368 invierte esta lógica, eliminando la restricción general y permitiendo que los permisos individuales recuperen eficacia sin requerir autorizaciones adicionales. Sin embargo, mantiene que el porte de armas está sujeto a autorización estatal, con controles sobre aptitud física y mental, antecedentes, y justificaciones legales, conforme al Decreto Ley 2535 de 1993.
Contexto y argumentos del Gobierno
El argumento principal del Gobierno es que el factor crítico en la violencia colombiana es el arsenal ilegal en manos de organizaciones criminales y no los ciudadanos que poseen armas legalmente. De acuerdo con datos oficiales citados, entre enero y septiembre de 2026 fueron incautadas cerca de 15.700 armas de fuego, de las cuales más de 14.000 estaban vinculadas a actos delictivos, con presencia en grupos como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.
El Ejecutivo apunta a concentrar sus esfuerzos en desarmar estas estructuras ilegales y plantea que los ciudadanos autorizados deben poder ejercer la legítima defensa. El presidente afirmó que el 99,9 % de los delitos con armas se cometen con armas ilícitas, aunque no presentó una fuente oficial específica para esta cifra.
Críticas y riesgos señalados
El decreto ha generado debate. Para sus críticos, el porte de armas puede incrementar situaciones de violencia en conflictos cotidianos debido a reacciones derivadas del miedo o la irritación. Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, recordó que experiencias pasadas en Colombia durante los años noventa mostraron resultados negativos al flexibilizar el acceso a armas, dando pie a la formación de estructuras paramilitares y grupos de seguridad privada.
Otro riesgo señalado es la posibilidad de que armas legales terminen en el mercado ilegal por robo, pérdida, ventas no autorizadas o transferencias irregulares. Ávila advirtió que no existen mecanismos suficientes para realizar un seguimiento efectivo durante toda la vida útil de un arma otorgada legalmente, situación preocupante dada la circulación de armas ilegales y las dinámicas de narcotráfico y violencia en algunas regiones.
Implicaciones para la seguridad pública
El levantamiento de la suspensión general modifica el marco de autorización, pero no implica un acceso ilimitado o sin controles a las armas. El efecto neto en la seguridad dependerá en gran medida de la efectividad de los mecanismos de control, seguimiento y retiro de armas por incumplimiento de condiciones.
El debate se centra en si la presencia de ciudadanos armados legalmente funciona como elemento disuasivo frente al crimen o si, por el contrario, aumenta las probabilidades de incidentes violentos por el uso impulsivo o indebido de las armas.
Consideraciones jurídicas y sociales
La categoría mencionada por el presidente de “ciudadanos de bien” para quienes pueden portar armas no tiene respaldo jurídico, ya que la ley exige criterios objetivos y procedimientos verificables para autorizar el porte, basados en antecedentes y evaluaciones. Dejar esa decisión a una valoración política o moral podría poner en riesgo la equidad y la seguridad.
Además, superar la evaluación inicial no garantiza que una persona mantenga las condiciones para portar un arma durante el periodo del permiso, lo que requiere un sistema robusto de seguimiento y control posterior.
Perspectivas futuras
El decreto 1368 marca un cambio significativo en la política pública de armas en Colombia, pasando de una suspensión general a un sistema basado en permisos individuales vigentes. La decisión puede tener impactos variados en la seguridad ciudadana y la violencia, cuya evaluación dependerá del fortalecimiento institucional y de los controles efectivos.
Según fuentes locales y de la agencia EFE, el país enfrentará el reto de equilibrar la legítima defensa de los ciudadanos con la prevención del aumento de armas en el mercado ilegal y los riesgos asociados a su posible mal uso. La verdadera prueba será la implementación y monitoreo del nuevo marco regulatorio en los próximos meses.
Redacción ColombiaPrensa
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