COLOMBIA, 11 de septiembre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Gobierno dio por finalizados los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos establecidos durante la administración del expresidente Gustavo Petro bajo la política denominada ‘Paz Total’.
La decisión fue anunciada por el mandatario a través de sus redes sociales, luego de que se avanzara en la expedición de los actos administrativos necesarios para desmontar las mesas de negociación con distintas organizaciones armadas y criminales.
De la Espriella señaló que “se acabó la falsa paz” y que en un mes de gobierno se dio cumplimiento a la promesa de terminar todos los procesos heredados por el gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
Fin de diálogos con diversos grupos armados
Con esta medida, el actual Gobierno cerró escenarios de negociación vigentes con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructuras disidentes de las antiguas FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, además de organizaciones criminales que operaban en diversas regiones del país.
También fueron clausurados espacios sociojurídicos con grupos armados presentes en Medellín, el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, así como el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo.
Rechazo al estatus político para grupos armados
El presidente enfatizó que en su administración los grupos armados y organizaciones criminales no gozarán de un tratamiento político producto de su participación en mesas de negociación. “En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”, afirmó.
La postura del Gobierno representa un cambio respecto a la estrategia de diálogo simultáneo con diferentes organizaciones armadas adelantada por Petro. De la Espriella había advertido que no permitiría que estos espacios fueran utilizados para prolongar actividades ilegales o para impedir la acción de la justicia.
Además, el Ejecutivo ordenó poner fin previamente a varios procesos y retirar reconocimientos a voceros vinculados a estos grupos, reafirmando que quienes deseen abandonar las armas deberán someterse a la justicia mientras que quienes continúen con acciones violentas serán enfrentados por la Fuerza Pública.
Cuestionamientos a los recursos invertidos en la Paz Total
Un argumento expuesto por la administración De la Espriella para cuestionar la política ‘Paz Total’ está relacionado con los propios recursos invertidos en dichos procesos. Según reportes, los procesos de negociación durante la gestión de Petro costaron más de 125.174 millones de pesos, con más de 107.572 millones destinados a negociaciones con grupos armados ilegales y 17.601 millones a acercamientos con estructuras criminales urbanas.
El Gobierno actual sostiene que estos recursos no produjeron resultados suficientes en términos de desmovilización, desarme y disminución de la violencia, por lo cual impulsa una estrategia centrada en la acción judicial y el fortalecimiento de la autoridad estatal.
Cambio de estrategia hacia seguridad y justicia
El fin de los diálogos de Paz Total da paso a un cambio de política entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, con un enfoque que privilegia la seguridad, la justicia y el sometimiento a la ley, dejando de lado el diálogo como principal herramienta para confrontar la violencia armada.
Este cambio se produce en un contexto de debate nacional sobre el futuro de los procesos de paz y el manejo de las organizaciones armadas en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos ha instado al Gobierno a mantener y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, diferenciándolo de las negociaciones posteriores desarrolladas con otros grupos en la administración Petro.
Así, la administración De la Espriella busca distanciarse de la política de Paz Total, enfocándose en la justicia y en la consolidación de la autoridad estatal para enfrentar la violencia y criminalidad en el país.
Fuente: elnorte.com.co, 11 de septiembre de 2026
Redacción ColombiaPrensa
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