COLOMBIA, 11 de septiembre de 2026. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su rechazo a la orden emitida por el presidente Abelardo de la Espriella de llevar a cabo la identificación y deportación de extranjeros con situación migratoria irregular en Colombia, enfatizando que la irregularidad migratoria no constituye un delito y que la población migrante conserva sus derechos fundamentales sin importar su estatus jurídico.
La medida, anunciada por De la Espriella el 23 de agosto durante un consejo de seguridad en Barranquilla, plantea la realización de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional para abordar la situación de los migrantes irregulares. Sin embargo, la funcionaria aclaró, mediante un mensaje publicado en la red social X el 10 de septiembre, que es necesario garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación legal en el país.
“Aquí una precisión: hay que garantizar los derechos humanos de todas las personas, también las migrantes, independientemente de la situación jurídica en la regularización en el país”, escribió Marín, reiterando que la irregularidad en la situación migratoria no debe ser tratada como un delito penal sino como una infracción administrativa que debe tramitarse por las vías correspondientes.
La defensora también apoyó los esfuerzos del Gobierno para combatir la criminalidad, uno de los principales retos de la administración de De la Espriella, pero destacó que las acciones de persecución del delito no pueden fundamentarse en el origen nacional de las personas. De esta manera, subrayó que perseguir a un grupo por su nacionalidad constituye un acto de xenofobia que puede generar estigmatización y discriminación.
Marín hizo hincapié en la situación particular de la migración venezolana, que mantiene una presencia sostenida en Colombia y que, según proyecciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), podría superar los tres millones de personas residiendo en el país para 2025. En este sentido, recordó que muchas personas migrantes pueden requerir protección internacional debido a persecuciones políticas o condiciones socioeconómicas extremas que motivaron su llegada a Colombia.
Además, la funcionaria señaló no contar con documentos oficiales que respalden la solicitud presidencial, pero instó a que cualquier actuación estatal relacionada con la migración respete las garantías y derechos humanos de los migrantes, evitando la confusión entre la irregularidad migratoria y la comisión de delitos.
Las declaraciones de la Defensora del Pueblo surgen en medio de un contexto en el que las autoridades colombianas priorizarán operativos contra extranjeros presuntamente vinculados a actividades delictivas, seguidos de acciones dirigidas a quienes no han regularizado su permanencia en el país.
La posición oficial de Iris Marín pone en relieve la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos, promoviendo un enfoque legal adecuado para el manejo de la migración irregular que evite estigmatizaciones y garantice el respeto a los derechos fundamentales.
Redacción ColombiaPrensa
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